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Ítem Acceso Abierto INF 23 - I.E 07 - Lo que el boom inmobiliario nos dejó(Universidad Nacional de Rosario. Vicerrectoría. Observatorio Económico Social., 2016-04) Tessmer, Germán Adolfo; Jara Musuruana, Luciano Andrés; Almeida Gentile, Patricio Hernán; 0000-0002-3827-7027; 0000-0002-0203-180X; 0000-0002-0308-9165El boom inmobiliario que vivió nuestro país en la última década, estuvo signado por restricciones en el mercado cambiario, la elevada inflación, la consecuente desconfianza en el peso como reserva de valor y la baja sofisticación de muchos inversores nacionales, obteniéndose como resultado una insuficiente canalización del ahorro al sistema financiero. Este fenómeno tuvo como contrapartida la denominada inversión en ladrillos, una alternativa que incluso transformó el paisaje urbano de los distritos más importantes del país. El sur de la provincia de Santa Fe es un caso testigo de este fenómeno. Parte de los excedentes del auge de la producción sojera de la provincia se han volcado a la construcción, sobre todo de unidades pequeñas, con el objetivo de formar un activo que actúe como refugio de valor (en un contexto de elevada inflación y volatilidad cambiaria) y/o como fuente de ingreso adicional vía alquiler Hasta tal punto ha sido notoria esta dinámica, que la fisonomía de la ciudad de Rosario se ha visto drásticamente modificada por una variada gama de proyectos inmobiliarios. Es decir, si bien es cierto que el boom del sector de la construcción tuvo lugar en las principales ciudades del país, en Rosario, éste auge fue aún más notorio debido a los más de 5.000.000 de m2 que se han creado en los últimos tiempos. Countries, edificios inteligentes, barrios cerrados, o amenities; son ahora palabras de uso corriente en el lenguaje del rosarino, y que antes estaban en boca de pocos. De todos modos, este crecimiento en la oferta de inmuebles no necesariamente se ha dado de manera coordinada con la demanda, particularmente en aquellos barrios donde el descalce del mercado inmobiliario -las diferencias entre las propiedades ofrecidas y las buscadas, en cantidad de ambientes- ha llegado a niveles francamente elevados; constituyendo un problema estructural, tanto para los propietarios, como para los que buscan vivir allí. https://a.tiles.mapbox.com/v4/observatorio.p68jo1n5/attribution,zoompan,zoomwheel,geocoder,share.html?access_token=pk.eyJ1Ijoib2JzZXJ2YXRvcmlvIiwiYSI6IjkwMTQ0ZDBkZWM3OWM0ZGYxZWEyNDA1NWVjYzE1ZTQ0In0.opwafyOcKUkp1lIyOYCIMQ&wmode=opaque Para analizar este fenómeno, hemos construido un indicador denominado tasa de descalce, que mide las diferencias entre inmuebles puestos a disposición en el mercado y las solicitudes de quienes buscan ocuparlos, con el objetivo de cuantificar cuan descoordinada se encuentran la oferta y la demanda de propiedades. Supongamos que 10 potenciales inquilinos buscan 5 departamentos de 2 ambientes, y otros 5 buscan de 3 ambientes, en un barrio. Si solo se ofrecieran departamentos de 1 ambiente, entonces la tasa de descalce resultaría muy elevada. En el caso donde la demanda y la oferta coincidan plenamente, la tasa de descalce será igual a 0. La pregunta entonces, es ¿cómo obtener una medida de la demanda? Para el caso, contabilizamos con la cantidad de contactos no duplicados que recibieron las publicaciones de las propiedades, pudiendo así reconstruir la curva de demanda por tipo de propiedad y barrio. De esta forma, y condicional a la base de datos disponible, del análisis de la oferta y demanda de departamentos en los barrios más dinámicos surgieron los siguientes resultados: En algunos barrios, la tasa de descalce resulta muy significativa, evidenciando un proceso descoordinado de crecimiento en la ciudad. Como se puede observar, en los barrios donde la oferta y demanda se encuentran más desacopladas, se registra un fuerte exceso de oferta de unidades más pequeñas (de 1 y 2 ambientes, vinculadas al boom inmobiliario). Por otro lado, las unidades de 3 ambientes resultan insuficientes para cubrir la demanda. El sesgo de las nuevas construcciones hacia unidades de menor envergadura, constituye un problema habitacional en dichos barrios. En Barrio Arroyito, más del 60% de las propiedades ofrecidas son unidades de 2 ambientes, pero sólo el 25% de la demanda se corresponde con dicho tipo de unidades. De hecho, el 75% de la demanda se concentra en unidades de 3 ambientes, aunque sólo el 21% de la oferta es de ese tipo, por lo que no habría suficientes unidades a la venta como para satisfacer la demanda en dicho barrio. En Barrio Puerto Norte, el 40% de los departamentos ofrecidos son unidades de 2 ambientes, pero la demanda de los mismos resulta prácticamente nula. No es el caso de los departamentos de 3 ambientes que constituyen el 50% de la oferta, pero 67% de la demanda (leve exceso de demanda). En líneas generales, el tipo descalce en este barrio muestra un claro sesgo: en este barrio la demanda de unidades de 1 y 2 ambientes es prácticamente inexistente; la misma se concentra en departamentos de 3 ambientes o más. En términos generales, se registra la siguiente tendencia: en los 10 barrios más dinámicos de Rosario, la oferta de departamentos de 1 ambiente constituye el 7% del total, mientras la demanda es menor al 1%. Es decir, existe un exceso de oferta sistemático para este tipo de unidades, independientemente del barrio en el que se localice. La única excepción donde la oferta y demanda de viviendas de 1 ambiente si se mostró calzada, fue en el barrio de Pichincha. En el resto de los casos, la demanda fue prácticamente nula.Ítem Acceso Abierto INF 26 - I.E 08 - Deuda externa, otra vuelta de página(Universidad Nacional de Rosario. Vicerrectoría. Observatorio Económico Social., 2016-05) Almeida Gentile, Patricio Hernán; 0000-0002-0308-9165En los años siguientes al default de fines de 2001, a través de dos canjes voluntarios de deudas en 2005 y 2010, el gobierno logro acordar una forma de pago con el 93% de los acreedores. Mientras que el 7% restante quedo definido por la falta de acuerdo y se encontraban en litigio con Argentina, lo cual provocaba que nuestro país quedara fuera del mercado internacional formal de capitales. En consecuencia, los mecanismos para financiar el déficit fiscal del tesoro, se veían reducidos a: presión fiscal típica, impuesto inflacionario, o colocación de deuda interna. Así, uno de los temas a resolver por el nuevo gobierno entrante, fue terminar con la situación de default técnico. En la práctica, esto se tradujo en la búsqueda de una solución definitiva al conflicto de ese 7% restante, los denominados fondos buitre (o holdouts). Una vez asumido el nuevo equipo económico empezó con rapidez estas negociaciones. La deuda con esos fondos a fin de 2015 eran poco más de 11.500 millones de dólares, las que representaban un 45% de las reservas en dólares del BCRA, valuadas al valor del tipo de cambio nominal oficial de esa fecha (13,005 $/u$s), y sin incluir punitorios. El 3 de febrero de 2016, el ministro Prat Gay informa de un primer pre-acuerdo con un grupo de bonistas italianos por 1.350 millones de dólares. Mientras que el 5 de febrero el equipo económico del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, presentó un ofrecimiento de reestructuración a todos los acreedores que no ingresaron en los canjes de deuda de 2005 y 2010. Se hicieron dos tipos de propuestas: oferta base y oferta pari passu. Desde el punto de vista legal fue necesario la derogación por parte del Congreso de un par de leyes que impedían el pago a estos fondos litigantes (ley cerrojo y ley de pago soberano). El Congreso Nacional derogó ambas leyes la madrugada del 31 de marzo, y al día siguiente, el Gobierno promulgó la ley de pago a los holdouts (Ley 27.249), habilitando al ejecutivo nacional la posibilidad de vender bonos en el mercado para cancelar la deuda en default. Comenzando el mes de abril sin impedimentos legales internos y con más pre-acuerdos alcanzados, los ojos se trasladaron a la espera de las decisiones de la justicia norteamericana. El día 13 de abril la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, informó la decisión de mantener el levantamiento de las medidas cautelares dispuesta en primera instancia por el juez Griesa, que habían impedido a la Argentina pagar obligaciones. Luego de levantarse estas medidas cautelares, el lunes 18 de abril, el estado salió al mercado a obtener los fondos ofreciendo distintas clases de bonos. Al día siguiente se cerró la operación con una emisión de 16.500 millones de dólares Se trató de una cifra mayor a los 12.500 millones de dólares que había autorizado el Congreso de la Nación. De manera que, para poder excederse del monto, el Ejecutivo permitió mediante el decreto 594/2016 a que el Tesoro tomara deuda bajo jurisdicción extranjera, por 10 mil millones de dólares. Se acordó entre las partes que el pago sea el viernes 22 de abril; comenzando, por ende, una nueva etapa. El caso argentino fue emblemático por su magnitud, y transitó por distintas etapas: arduas negociaciones con bancos de inversión, dos canjes de deuda con quita, y un largo camino de litigios, todo debido al vacío legal internacional y de los contratos. En el ámbito externo se crearon nuevos códigos entre acreedores y deudores, emitidos por la Asociación Internacional de Mercado de Capitales (ICMA). Además, la Argentina obtuvo en la ONU un logro diplomático, al aprobarse nueve principios que guían las reestructuraciones de deuda de países. En lo que respecta al re-ingreso a los mercados de financiamiento internacional, no puede más que considerarse una ventaja, en el sentido que es beneficioso para un país disponer de una mayor cantidad de opciones, aún si estas no se utilizan. La duda radicaba en cuáles deberían ser los costos a asumir para lograr este cometido. Sin embargo, una vez ejecutada la decisión, dichos costos se hundieron, dando lugar a una nueva etapa aún sin definir. En economía, llamamos costo hundido a aquellos costos en los que ya se ha incurrido, y que por tanto no pueden ser recuperados, razón por la cual no deberían afectar las decisiones futuras. Ejemplo, si una persona compra una entrada al cine por internet, esa acción pasada no debería afectar la decisión de ir a ver la película. Supóngase que ese mismo día y horario surgiera otro plan: el de ir a un recital. Si este fuera el escenario, el costo de la entrada no debería influir en la decisión, dado que ya se gastó, con independencia de lo que se haga. ¿Qué sigue? Si la entrada de nuevos capitales ayuda a mejorar el nivel de reservas, a estabilizar el tipo de cambio, y tiene un impacto positivo en la economía real, sin perjudicar el sostenimiento de la deuda; por definición, el beneficio será positivo. Por otra parte, si la apertura del cepo acelera la fuga de divisas a largo plazo, se generan nuevas presiones contra el tipo de cambio, el flujo financiero no se traduce en flujo real de inversión, o se entra en una nueva espiral de endeudamiento; entonces el resultado será el contrario. En nuestro informe completo, que dejamos disponible para su descarga, brindamos mayor profundidad a los puntos expuestos, como así también un análisis comparativo con otros países latinoamericanos o desarrollados sobre la tasa que estos pagan al emitir bonos. Lo invitamos a leerlo.Ítem Acceso Abierto INF 30 - I.E 10 - Proteccionismo para petroleras(Universidad Nacional de Rosario. Vicerrectoría. Observatorio Económico Social., 2016-09) Almeida Gentile, Patricio Hernán; Tessmer, Germán Adolfo; Jara Musuruana, Luciano Andrés; 0000-0002-0308-9165; 0000-0002-3827-7027; 0000-0002-0203-180XEl día de ayer, dio por finalizada la primera ronda de las audiencias públicas referidas a el ajuste de tarifas energéticas del gas. En este informe, brindamos una breve descripción del sector y las perspectivas a futuro, con notas aclaratorias, sobre los conceptos que se utilizan en esta entrada. La protección como estrategia El fallo de la corte suprema que retrotrajo las tarifas de gas a su nivel de 2015, obligó al gobierno nacional a diagramar un nuevo esquema de aumento de tarifas para este año. La propuesta del gobierno fue publicada en el sitio de Enargas, previo a la ronda de audiencias públicas concertadas el fin de semana del 16 de septiembre de 2016. La misma propone un aumento gradual del precio del gas pagado a los productores, que en un primer momento será considerablemente inferior al planteo inicial, pero que en el mediano plazo (2020) convergerá gradualmente hasta los USD 6,8 por MBTU como muestra en la tabla siguiente: ¿Cuál es la justificación para fijar un objetivo de 6,8 USD/MBTU en el largo plazo? Es bastante sencilla. Se trata del precio máximo que se paga por la importación de gas en barco, incluyendo el costo de regasificación (esto último, debido a que la importación por barco se realiza en la forma de gas licuado). En términos técnicos, lo que se busca es la convergencia de los precios del gas natural al costo marginal de abastecimiento de mercado. La lógica económica indica que, al menos con una demanda inelástica, este podría ser el precio de mercado del gas si el mismo dependiera del libre juego de la oferta y la demanda. De hecho, podría incluso argumentarse que durante los meses de invierno el gas natural tiene un precio superior, dado que la escasez de gas y las limitaciones de infraestructura impiden el completo abastecimiento del mercado mediante gas y las usinas eléctricas deben generar parte de la energía con combustibles aún más costosos, como el gasoil, cuyo precio supera los 11 USD/MBTU. Situación actual El elevado costo marginal de abastecimiento del mercado es la consecuencia de la política energética implementada durante la última década. En al año 2002, los precios del gas fueron pesificados y congelados, sin que se estableciera un mecanismo de ajuste de largo plazo para los mismos. Con la depreciación del peso y la suba de los precios internacionales de los combustibles, esto llevó a que el precio de los mismos se desfasara del nivel internacional, llegando a ubicarse a más de un 60% por debajo del costo de importación. Como resultado, la inversión en el sector se desplomó y la producción se contrajo un 16% en la última década. Asimismo, como la demanda siguió aumentando en línea con el crecimiento económico y poblacional, y sin que se promocionara el reemplazo del gas natural por otras fuentes de energía; esto generó rápidamente un déficit en el abastecimiento. En consecuencia, y condicional a que las posibilidades de importación de gas natural de Bolivia son limitadas, el país debió recurrir al uso de GNL o combustibles líquidos, mucho más caros. Bajo este esquema, el costo de la energía -en gran medida subsidiado por el estado- se volvió cada vez mayor. Actualización del esquema tarifario El esquema de tarifas actual busca corregir algunos de estos errores, fijando un precio más relacionado a mecanismos de mercado (aunque sin dejar de estar regulado), probablemente más atractivo para la inversión y con un sendero de largo plazo en dólares y, por tanto, menos sujeto a la erosión por la inflación. Sin embargo, es justamente por la situación actual que no resulta lógico tomar el costo marginal de abastecimiento como referencia para toda la demanda. Si bien 6,8 USD/MBTU es el costo de importación de GNL, el costo de producción del resto de la oferta es mucho menor. Así, fijar este precio para el gas natural local implica la transferencia de una importante renta de los consumidores hacia las compañías petroleras, en mayor o menor medida según el tipo de yacimiento del que se trate. De acuerdo a presentaciones de YPF, el costo de extracción del gas (incluyendo la inversión en exploración y una rentabilidad al capital anual del 13%) se ubica actualmente en 5,0 USD/MBTU. Más allá de esto, desde la teoría económica más ortodoxa podría defenderse perfectamente este esquema. Al fin y al cabo, si la demanda convalida un precio de 6,8 USD/MBTU, las compañías podrían cobrarlo. Al fin y al cabo, ¿no es esto lo que sucede en otros mercados con demanda inelástica? Sí, pero hay dos motivos por lo que la situación es diferente en el caso del gas natural. • En primer lugar, las empresas hidrocarburíferas explotan un recurso que es propiedad de todos los argentinos. No se trata de un bien creado por las mismas. Así, una política adecuada debería buscar maximizar la renta obtenida por los consumidores (o el gobierno nacional) en el largo plazo. Esto implica incentivar la oferta y brindar precios adecuados para fomentar la inversión, pero también balancear el impacto en consumo dado que, sin la renta, dicha energía no se generaría. Al fin y al cabo ¿cuál es la ventaja de contar con recursos de gas natural si el mismo termina costando más de lo que debe pagar Japón por abastecerse mediante GNL? En los países que cuentan con mayores recursos energéticos, los mismos son más baratos y esto resulta una ventaja para su industria y su población. No solamente una ventaja para las compañías que los explotan. • En segundo lugar, la justificación de la teoría tradicional depende en forma crucial de la acción de la competencia, según la cual, si hubiera una forma de producir estos bienes a un costo menor que lo que paga la demanda, esto incentivaría la oferta y reduciría el precio. Esto es efectivamente una posibilidad en el caso del gas argentino. Pero debe considerarse que estos mecanismos no han operado por los últimos trece años. Así, el costo marginal es tan elevado justamente porque la oferta no tuvo incentivos a responder. Cambiar a un esquema como el sugerido cuando la oferta no puede responder rápidamente (como sucede en la producción de gas) siempre implicará un período inicial de rentas extraordinarias para el productor. En otras palabras, las distorsiones del pasado generan un beneficio artificialmente elevado para el nuevo inversor. Comentarios finales De esta forma, y bajo las consideraciones anteriores existe una forma de entender la propuesta del gobierno. Esta es una política de desarrollo productivo, que busca desarrollar la industria a partir de un incentivo inicial de precios elevados. En otras palabras, el esquema que se intenta desarmar para la industria textil y electrónica (beneficiada durante años por fuertes restricciones a la importación), se arma para la industria petrolera. Es cierto que existen diferencias importantes entre los dos tipos de industria. La energía cumple un rol estratégico para el desarrollo del país, y las posibilidades de Argentina para reducir los costos de producción son mucho mayores en el caso del gas, que en el de los sectores protegidos durante la última década, en los cuales parecía muy difícil que los mismos se acercaran –siquiera- a la paridad de importación. Pero no hay tantas diferencias en la forma de aplicación de la política, que repite todos los errores habituales de las políticas proteccionistas de Argentina: beneficios incondicionales sin exigencias, ni castigos para las empresas. Al respecto de esto último, una modificación que ha surgido de la audiencia pública concluida el domingo 18 de septiembre, que representa un aspecto novedoso, y un contrapunto a lo expresado en el párrafo anterior: el gobierno no permitirá girar dividendos al exterior a las empresas gasíferas en tanto no cumplan con su plan de inversiones y que, aun ejecutándose, deberán contar con la autorización de Enargas, para tal fin. Asimismo, la reglamentación y adecuación definitiva de estos puntos, se estima que tendrá lugar en la audiencia pública general a realizarse en la segunda quincena de octubre. Recuperar la producción de gas natural debe ser un objetivo estratégico del gobierno nacional, y es indiscutible que esto requiere un sendero de precios claros y sensiblemente superiores a los que estuvieron vigentes en la última década. Pero no por recuperar la producción puede convalidarse cualquier precio interno. De lo contrario, las ventajas de ser un país rico en gas (convencional y no convencional) serán solo para las compañías que lo extraigan.Ítem Acceso Abierto INF 32 - I.E 12 - Entre la coyuntura, el futuro energías renovables(Universidad Nacional de Rosario. Vicerrectoría. Observatorio Económico Social., 2016-11) Jara Musuruana, Luciano Andrés; Tessmer, Germán Adolfo; Almeida Gentile, Patricio Hernán; 0000-0002-0203-180X; 0000-0002-3827-7027; 0000-0002-0308-9165Mientras el mundo todavía procesa y asimila la sorpresa de Donald Trump como nuevo presidente de los EEUU, los diarios del mundo comienzan a preguntarse cuál será la suerte del Acuerdo de París contra el cambio climático, ratificado el 4 de noviembre de este año, la semana previa a las elecciones norteamericanas. Es que, a lo largo de su historia, el candidato electo, ha manifestado abiertamente su intención de no ratificar el compromiso por parte de los EEUU, en caso de ser elegido en el máximo cargo ejecutivo. De tal magnitud han llegado a ser sus declaraciones, que el 20 de septiembre de este año, 376 miembros de la Academia Nacional de Ciencias de ese país, de los cuales 30 han sido laureados con el premio Nobel; publicaron una carta abierta para advertir cuales son las consecuencias de no adherir al Acuerdo de París, y como respuesta a las declaraciones de Trump. Para no dejar dudas, el tercer párrafo de la carta abierta firmada por el grupo Responsible Scientist, afirma: “Durante la campaña presidencial primaria, se afirmó que la Tierra no se está calentando, o que el calentamiento se debe a causas puramente naturales fuera del control humano. Tales afirmaciones son inconsistentes con la realidad.” Como puede observarse en el gráfico siguiente, la tendencia de los últimos 50 años de emisiones de dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera se muestra permanentemente en aumento. Esto se explica, no solo por el aumento población (de hecho, el gráfico no toma ese efecto) sino también por la intensidad en el uso de energía, y la incorporación relativamente reciente, de fuentes de energía basadas en carbón; principalmente promovidas por países de la esfera Asia-Pacífico, especialmente China. En ese sentido, la promoción e implementación de energías renovables dentro de la matriz energética de los países, es una de las soluciones parciales que se están ejecutando para paliar el problema del cambio climático. Sin embargo, como se podrá observar en nuestro informe, estas medidas resultan insuficientes. Click Aqui Es que, las aristas que plantea el problema son enormes. Primero, hay consenso en la comunidad científica de que el calentamiento global accionado por el hombre es efectivamente un problema. Sin embargo, todavía las conclusiones son resistidas por diversos sectores, quienes argumentan -por el contrario- que no se está ante la presencia de un problema, sino de un mito o una exageración. En relación a lo anterior, la reducción de emisiones de CO2 mediante el cumplimiento de objetivos, tienen consecuencias en las economías de los países en el corto plazo, que pueden llegar a traducirse en un menor ritmo de crecimiento económico. En otras palabras, la solución de largo plazo se vuelve en un desincentivo en el corto plazo para cualquier oficialismo que quiera mantenerse en el poder, sea de la ideología que sea. Desde esta perspectiva, el Acuerdo de París, surge como solucion institucional que, entre otros objetivos, contribuyen disminuir ese desincentivo, al convertir la política de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en una política de estado compartida. Pero lo anterior, conduce a un nuevo problema: la coordinación. En teoría de los juegos, se denomina fallos de coordinación cuando la interacción no cooperativa de dos o más agentes, lleva a un resultado que no es Pareto Óptimo. En este contexto, el término no cooperativo se refiere a que la interacción no se encuentra cubierta en su totalidad por un acuerdo obligatorio. Por otra parte, un resultado Parato Óptimo es uno tal que al menos uno de los agentes no preferiría ningún otro resultado factible y sería al menos preferido por cualquier otro. En efecto, la tentación por parte de un país de comportarse como free-raider (polizonte) es alta: acumula los beneficios climáticos derivados de la reducción de CO2 de otros países, mientras incrementa su nivel de actividad, basado en energías contaminantes (pero menos costosas en términos contables). El problema de coordinación surge, porque ningún país se encuentra exento de generar esta conjetura, y actuar en consecuencia. Asimismo, ni en uno ni en otro tratado, se ha reglamentado un andamiaje que permite sancionar a los países firmantes por no cumplir los objetivos. Así, hasta el momento todo queda librado al compromiso y a la voluntad unilateral de las partes. Habiendo planteado las dificultades del escenario actual, los invitamos a leer nuestro informe sobre energías renovables. A diferencia de este artículo, el trabajo no aborda problemas políticos coyunturales, sino que brinda un estado de situación del sector y de su potencialidad. Así, en la primera sección, se detallan los avances de estas fuentes a nivel mundial y los motivos de su crecimiento; mostrando cuales son las fuentes de generación más utilizadas a nivel mundial, qué recursos se necesitan para aprovecharlas y cuáles han sido las políticas utilizadas para impulsar las energías renovables, y como se justifican desde la teoría económica. Por otra parte, en la segunda sección, se explica el estado actual del sector en Argentina, los condicionantes que limitaron su crecimiento en las últimas décadas y sus perspectivas de desarrollo futuro.Ítem Acceso Abierto INF 34 - P.A 11 - El regreso del biodiesel(Universidad Nacional de Rosario. Vicerrectoría. Observatorio Económico Social., 2016-11) Jara Musuruana, Luciano Andrés; Almeida Gentile, Patricio Hernán; Tessmer, Germán Adolfo; 0000-0002-0203-180X; 0000-0002-0308-9165; 0000-0002-3827-7027Panorama General El combustible generado a partir de aceites vegetales, se encuentra a la expectativa de las oportunidades internacionales que se están generando. Por un lado, el pasado seis de octubre se ratificó un fallo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) favorable para la Argentina y en contra de la Unión Europea, en relación a los aranceles antidumping que impone el bloque a las importaciones de biocombustibles nacionales. Por otro lado, en enero del año pasado, Estados Unidos autorizo al biodiesel proveniente de Argentina, para ser utilizado como combustible de vehículos (anteriormente se exportaba biodiesel al país del norte, pero para otros usos). La Agencia de Protección Ambiental de EEUU (EPA), que es la autoridad máxima en cuanto a las restricciones de posibles contaminantes, fue quien el 28 de dicho mes emitió la autorización. Este último factor, consolidó un importante crecimiento de los envíos a dicho país, que en la actualidad explica más del 90% de las exportaciones argentinas de este combustible. Cabe remarcar que los dos mercados internacionales más grandes para el biodiesel, son Estados Unidos y la Unión Europea. Esto se debe a que, en los lugares mencionados, como así también en nuestro país, existe una legislación de corte obligatorio, lo que implica mezclar el gasoil con biodiesel en un determinado porcentaje. Para los países productores como Argentina, el ingreso a este tipo de mercados es clave por una sencilla razón: con los bajos precios actuales del petróleo, de no existir normas que establezcan un contenido mínimo de biocombustibles, es difícil que las refinadoras los utilicen por sí solos. Sin esta demanda generada por ley, Argentina no podría exportar absolutamente nada. Historia Reciente Como se observa en el Gráfico 1, las exportaciones argentinas de biodiesel han sido muy volátiles. En los últimos cuatro años, la industria ha enfrentado tres crisis, de las cuales se ha recuperado posteriormente con mayor o menor éxito. La primera caída de las exportaciones, se da tras la estatización de YPF. En ese entonces, el gobierno de España impuso una sanción al biodiesel argentino, eliminando a las empresas nacionales de la lista de potenciales abastecedores del mercado. Previo a la estatización, España era el principal destino de las exportaciones del biodiesel local, lo que llevó a una merma considerable en las ventas externas. Sin embargo, meses después la industria ya había diversificado sus exportaciones a otros países, aunque siempre dentro de la Unión Europea, mercado con corte obligatorio, como principal destino. Fue a fines de 2013 cuando llegó el golpe más duro para la industria nacional. La UE decidió aplicar un arancel por anti-dumping de entre 217 y 246 euros por tonelada, lo que tornó totalmente inviable la exportación. Meses después, llegaba una nueva recuperación, aunque ahora de la mano del apoyo estatal. En 2014 se redujeron sensiblemente los derechos de exportación aplicados al biodiesel (de un 22% a menos de un 10%), lo que permitió a los productores reducir sus precios de venta y comenzar a abastecer a otros mercados en los que no existía una obligación de utilizar biodiesel. Eran épocas en las que los derivados del petróleo mostraban precios muy elevados (con el crudo por encima de los USD 100 por barril), y el biodiesel de soja aparecía como una opción relativamente económica. Después de tantas complicaciones, la historia parece volver a optimista para los productores de biodiesel. A partir de 2017, Argentina tendrá por primera vez en la historia acceso irrestricto tanto al mercado europeo como al de Estados Unidos. Analistas del sector estiman que, cuando la situación se haya normalizado completamente, sería posible exportar a Europa un total de 1,5 millones de toneladas, un valor similar al que se le vendía originalmente. Si las ventas a Estados Unidos se mantienen en el promedio observado en los últimos cinco meses, esto implicaría que las exportaciones podrían trepar hasta las 3 millones de toneladas, lo que representa un valor 80% superior al record de exportación observado en 2011. Así, la producción total podría superar las 4 millones de toneladas. Sin embargo, no todas las noticias son alentadoras, y las diputas bilaterales siguen existiendo. Sobre fines de octubre, fue un país latinoamericano, quien comenzó a aplicar derechos antidumping al biodiesel argentino. Se trata de Perú, quien a través del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección Intelectual [Indecopi], mediante la Resolución 189/16 estableció derechos entre u$s 122 y u$S 191,6 por un periodo de cinco años, que representan entre un 17% y 31,6% de los valores FOB actuales. Se estima que, por esta medida, no ingresaran u$S 150 millones de exportaciones al país Quechua. Mirada Internacional Según las estimaciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos [USDA] en su informe anual sobre biocombustible en Argentina, la producción de biodiesel podría alcanzar los 3.100 millones de litros, aumentando en torno al 15% la producción esperada para 2016. Y se espera un aumento de las exportaciones del 13% con respecto al 2016, pero de un 90% en relación al año 2015. En relación al complejo productivo, se prevé que se mantenga la misma cantidad de establecimientos que -desde el 2014- se encuentran en el territorio nacional, es decir, un total de 38 plantas. No obstante, existen inversiones anunciadas para el sector, que permitirá aumentar la capacidad de producción de 5.200 a 5.400 millones de litros de 2016 a 2017. Al mismo tiempo, para aumentar la producción, el uso de la capacidad instalada subirá del 49,8% al 57,4%, el mayor porcentaje de los últimos 5 años. Se prevé asimismo una suba en la tasa de corte nacional, pasando del 8,7% al 9,7% reflejando un incremento del consumo local en torno al 6% alcanzando los 1.400 millones de litros. Si bien la gran dependencia que significa para la industria del biodiesel la legislación que obliga al corte con el gasoil, ésta no es vista como una debilidad, debido a que es poco probable que la misma cambie, debido a los grupos de presión ambientalistas con gran poder de lobby. Por otra parte, se esperaría que, al ser tanto el petróleo como la soja, commodities; existiera gran volatilidad en la producción y el comercio de los mismos. Sin embargo, esto no es así. Principalmente, la volatilidad en el comercio se origina por las relaciones bilaterales que pueden, como hemos visto, aplicar medidas proteccionistas o antidumping. La principal debilidad que presenta la industria del biodiesel se presenta a mediano plazo, y es el automóvil eléctrico. La contaminación ya no existe en el uso del motor, sino que de estar presente se encontraría en las plantas generadoras de electricidad, las cuales podrían ser controladas por el Estado. La autonomía de este tipo de automóviles está aumentando, como así también las estaciones de carga. Por ejemplo, Estados Unidos ya se puede cruzar de costa a costa con las estaciones instaladas por una de las empresas productoras de esta clase de vehículos.Ítem Acceso Abierto INF 38 - I.E 14 - ¡Llegó la factura de la luz!(Universidad Nacional de Rosario. Vicerrectoría. Observatorio Económico Social., 2017-05) Tessmer, Germán Adolfo; Jara Musuruana, Luciano Andrés; Almeida Gentile, Patricio Hernán; 0000-0002-3827-7027; 0000-0002-0203-180X; 0000-0002-0308-9165Probablemente, aquellas personas ya hayan recibido la factura de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), correspondiente al tercer bimestre del año, hayan notado un nuevo aumento en el costo de la energía eléctrica que distribuye la empresa estatal santafesina. ¿Por qué otro aumento? Bueno, esencialmente porque ya estaba pautado: a fines de enero del corriente año, el gobierno nacional anunció un aumento del 37% en la etapa de generación, a ejecutarse en dos tramos, lo que significó una incidencia en la factura final de aproximadamente el 6% en cada tramo; coherente al plan de reducción general de subsidios a la energía, que tantas idas y venidas registraron el año pasado, debido a la implementación de las rebajas sin previo cumplimiento de las audiencias públicas. Pero eso no es todo. El estado nacional tiene injerencia directa en las etapas de producción y transporte de energía eléctrica. En nuestra provincia, la etapa de distribución corresponde a la empresa santafesina. Por tanto, a lo anterior deben adicionarse los tramos de ajuste autorizados por el gobierno provincial: un aumento del 15% en enero y un 19,1% para el mes de marzo. Lo cual sitúa a la factura provincial de la energía, cómo una de las más caras en relación al territorio nacional. Sale subsidio, entra bolsillo. Siguen impuestos, baja el déficit. Pero entonces, ¿por qué tengo que pagar más? Uno de los pilares de la nueva gestión del Ministerio de Hacienda, es el cumplimiento del programa de metas fiscales, anunciado por el titular actual de la cartera, Nicolás Dujovne. En el mismo, se estableció un objetivo de reducción progresiva del déficit primario, quedando establecidas pautas del 4,2% del PBI para el corriente año-, una meta de 3,2% para 2018 y otra de 2,2% para 2019. Al respecto de esto último, el 27 de abril se exhibieron los resultados trimestrales de cumplimiento, mostrando que se logró un posicionamiento del 0,4% del déficit contra el 0,6% que se había planificado para los tres primeros meses del año. Básicamente, se sobrecumplió la meta parcial. Ahora bien, si la actual gestión ha priorizado una reducción del déficit, ¿qué rubros se vieron afectados? El cuadro que se muestra a continuación, exhibe una desagregación del gasto corriente primario. Como se puede observar, el 60,81% del mismo se dedica al pago de Prestaciones Sociales, seguido por Gastos de Funcionamiento que cubre un 20,58%; en el cual, la mayoría se dedica al pago de sueldos. En términos generales, los rubros mencionados han sido excluidos de potenciales recortes. Lo mismo aplica a la delicada situación que mantiene el poder central con las provincias. Todo lo cual redunda en que la disminución del gasto se ejerza sobre los denominados subsidios económicos. Así, en el gráfico que se muestra a continuación, queda reflejada la aplicación de la política de recortes de subsidios. La disminución interanual entre el monto acumulado de febrero de 2015 al mismo mes de 2016, muestra una caída del 68,46% interanual para la totalidad del sector energético (incluidas no solo las transferencias corrientes, sino también las de capital a las empresas del sector). ¿Cómo se refleja lo anterior en mi factura? La respuesta es conocida. El ahorro que el estado nacional produce en materia de subsidios, con el objetivo declarado de disminuir el déficit fiscal, traslada el costo a las familias o a las empresas, manteniendo – aproximadamente y en términos generales- la misma presión fiscal. Por supuesto, lo anterior implica un aumento en los costos totales de las empresas y una mayor presión en los presupuestos de las familias. Al respecto, el gráfico siguiente muestra una simulación de distintos consumos fijos bimensuales, para un plan de consumo residencial categoría 1201. Para consultar el cuadro tarifario completo a abril de 2017 [click aquí]. Como se puede observar, desde el último bimestre de 2014, al segundo bimestre del corriente año, se ha registrado un piso de aumento de un 400% para este tipo de consumo residencial; sobre el cual restan realizar nuevas re-composiciones hasta el año 2019. Lo anterior, va a seguir impactando sobre todo en los hogares y PyMEs, dado que a las grandes empresas durante el 2016 ya se les ha trasladado el león del costo. Pero caballero, usted no contesta la pregunta Es cierto, hasta ahora el argumento ha mostrado cuales son las pautas generales por el cual se realizan dichos ajustes, pero no cuales son los problemas específicos del sector energético. Es más, una lectura liviana de éste artículo podría sugerir que la reducción de subsidios a la energía ocurre por una suerte de descarte de otros sectores. Lo cual, es por completo errado. En ese sentido, desde el Observatorio detectamos que falta información que pueda dar una visión de conjunto. En el informe que se adjunta en esta nota, se presenta una explicación del funcionamiento del mercado eléctrico, y de las fallas que se vienen registrando en el mercado mayorista con respecto a la formación de los precios. También se detallan los problemas que han ido surgiendo con respecto a la oferta: su evolución, las distintas fuentes de generación de energía y los costos asociados que han derivado en problemas de inversión en el sector, y en el uso de fuentes más contaminantes que las actualmente disponibles. Finalmente, se muestra la evolución de la demanda a nivel país, junto a algunos concejos para disminuir su consumo. La provincia ha lanzado recientemente el programa piloto de Etiquetado De Eficiencia Energética De Viviendas, que tiene como objetivo conocer la eficiencia energética de la residencia de quienes se inscriban, para conocer que modificaciones pueden realizarse para ahorrar energía [click aquí] Con los datos que provee el informe, esperamos que el público pueda disponer de una explicación simple, pero a la vez comprensiva del fenómeno, que no quede sujeta únicamente a cuestiones coyunturales. Esperamos la lectura sea de su agrado, y que nos hagan llegar sus comentarios en nuestras redes sociales. ¡Que lo disfruten!Ítem Acceso Abierto INF 39 - I.E 15 - La educación en Santa Fe y Rosario resultados Aprender 2016(Universidad Nacional de Rosario. Vicerrectorado. Observatorio Económico Social., 2017-07) Tessmer, Germán Adolfo; Almeida Gentile, Patricio Hernán; 0000-0002-3827-7027; 0000-0002-0308-9165La Argentina, tiene la particularidad de ser un país que llega a brindar en forma libre hasta los niveles de enseñanza superior. Básicamente, a través de sus distintos niveles y agencias, el Estado puede llegar a co-financiar junto a las familias, hasta 18 años de la educación formal de un ciudadano. Sin embargo, en la actualidad se ha popularizado la idea de que el rendimiento educativo se encuentra en descenso, y que el estado actual es preocupante. ¿Cómo corroborar cuanta verdad hay en este tipo de afirmaciones? Y de existir un problema, ¿qué tipo de información sería necesario que estuviera disponible para revertir esa tendencia? En ese sentido, existen un conjunto de programas de evaluación sobre distintos aspectos del rendimiento educativo en los que participa la Argentina. Un caso emblemático son las denominadas Pruebas PISA, relevadas por la OECD. Por lo general, este tipo de estudios no pasan desapercibidos, y generan reacciones dispares: o bien son combatidos en su etapa de implementación, o se rechazan sus resultados por factores que no se encuentran directamente relacionados a la evaluación, o se aceptan plenamente… también por factores no relacionados con la evaluación. Por supuesto, esta descripción no implica que se esté validando o invalidando los resultados de tal o cual estudio. Lo que se pone de manifiesto, es que no parece estar lográndose un consenso entre los distintos actores involucrados, sobre cómo y cuál es la información que se necesita relevar, a los fines de obtener un diagnóstico sobre los resultados que brinda el sistema educativo. La aclaración es válida: tampoco es el único consenso que no se está logrando alcanzar en el sector. Así, bajo éste contexto de carácter general, es que se dieron a conocer los resultados por provincia del Operativo Aprender 2016. Dicho programa, ha sido pensado como un dispositivo de alcance nacional, que mide la evaluación de los aprendizajes de estudiantes de niveles primario y secundario, y sirve como sistematización de información acerca de algunas condiciones en las que ellos se desarrollan. En el informe, que acompaña a esta nota y libre de descarga (haciendo click en la imagen de abajo), se realizará un recorrido de lo general a lo particular. Primero, se mostrará un panorama educativo en América Latina, para luego adentrarse en el diseño de la evaluación, los resultados obtenidos a nivel nacional y, por supuesto, los resultados obtenidos en la provincia de Santa Fe. Sobre este punto, se realiza una discusión exhaustiva sobre las diferencias entre las escuelas de gestión pública y las escuelas de gestión privada. Cierra el documento una recopilación de las distintas posiciones que se generaron cuando fue implementada la evaluación. En lo que sigue de esta nota, dado que el espacio de lectura es más reducido, se expondrán únicamente, los resultados obtenidos por los alumnos en la ciudad de Rosario. Si el lector necesita profundizar aún más en información contextual, o despejar alguna duda; seguramente encuentre mayor profundidad y análisis con la lectura del informe. Rosario de Santa Fe Tanto en nivel primario, como en nivel secundario, la provincia de Santa Fe ha obtenido un buen lugar en el ranking con respecto a los restantes distritos. Sin embargo, considerados en términos absolutos, algunos resultados son al menos inquietantes, sobre todo en lo que respecta al área de matemáticas en el nivel secundario. Como se puede observar en la tabla, la ciudad de Rosario no muestra grandes diferencias con respecto a la totalidad de la provincia; fenómeno que se explica -en parte- por ser la urbe más poblada del territorio. Así, en términos generales, solo dos de cada tres alumnos evaluados lograron obtener un rendimiento satisfactorio o avanzado; con la excepción del área de matemáticas en el nivel secundario, en donde solo uno de cada tres evaluados logra traspasar este umbral. Las ramificaciones de este punto no son menores, sobre todo cuando se los relaciona con las problemáticas de empleabilidad o de auto-empleo, en un contexto generalizado de cambio tecnológico basado en el conocimiento. Se encuentra mayormente aceptado en la teoría del capital humano, el afirmar que una mayor inversión en educación genera mayor productividad y, en consecuencia, mayores ingresos para un individuo o de sociedad en su conjunto. A medida que la información estadística ha ido avanzando, la relación educación-ingreso futuro se fue relajando, debido al reconocimiento de otros factores intervinientes, como ser el ambiente familiar de donde procede el alumno y, en términos generales, por el reconocimiento de distintos mecanismos de selección que operan en las decisiones de educación de las familias. Este último punto, es uno de los principales factores que explican el diferencial de rendimiento entre las escuelas de gestión pública y privada de la provincia. Por ejemplo, en el nivel primario se registran diferencias promedio en torno a los diez puntos porcentuales a favor de las escuelas de gestión privada para niveles de rendimiento por debajo del básico, y de 15 puntos porcentuales o más para niveles de rendimiento avanzado. Por otra parte, en nivel secundario estas diferencias se hacen menos marcadas, con la excepción del área de matemáticas. En la ciudad de Rosario, el fenómeno se replica; pero con una particularidad: el porcentaje de alumnos que fueron evaluados en la modalidad de escuela pública es bastante similar al porcentaje de alumnos en escuelas privadas. Dado que el examen Aprender 2016 abarca a la totalidad de quienes se encuentran en calidad de ser evaluados, lo anterior implica que la matrícula de la ciudad se encuentra dividida en partes prácticamente iguales. El gráfico que se muestra a continuación, muestra el rendimiento de los alumnos de 6to grado del nivel primario en la ciudad de Rosario, según tipo de gestión de la escuela donde asisten. Al respecto, de un promedio de 14.125 alumnos, el 54,97% concurren a escuelas de gestión pública y el 45,03% restante a modalidad de gestión privada. Como puede observarse, las diferencias de rendimientos se dan en los extremos, sin mayores variaciones entre tipo de gestión en el nivel satisfactorio. Por otra parte, el gráfico siguiente muestra el rendimiento de los alumnos de 5to año del nivel secundario en la ciudad de Rosario, según tipo de gestión de la escuela donde asisten. Como se puede observar, en este nivel las diferencias se profundizan en la totalidad de los niveles de evaluación, mostrando 15 puntos porcentuales de diferencia en el rendimiento por debajo del nivel básico en el área de matemáticas. Otro punto no menor a destacar, es que del promedio de 8.231 alumnos que tomaron los cuatro exámenes, el 55,67% concurre a una escuela de gestión privada, y el 44,33% restante a escuela pública. Una lectura superficial de los datos, llevaría a adjudicar la totalidad de la diferencia a los distintos modelos de gestión. Sin embargo, una afirmación de ese estilo sería un completo error. En el informe que acompaña a esta nota, se realiza una discusión en extenso sobre los distintos efectos que puedan estar jugando a la hora de explicar dichas diferencias. La hipótesis más firme, es que gran parte de esta discrepancia obedece a factores socio-económicos que están presentes como requisito previo al ingreso de los alumnos en las escuelas, y sobre los cuales, estos resultados no son más que su emergente. Así, ambos gráficos reflejan la foto de dos ciudades, en las que la calidad de la educación, sirve de lienzo y de paisaje. Para más información, los invitamos a leer el informe completo, haciendo clic en la siguiente imagen.Ítem Acceso Abierto INF 42 - COY 14 - Santa Fe 2018 fiscal y estructura económica(Universidad Nacional de Rosario. Vicerrectoría. Observatorio Económico Social., 2018-03) Tessmer, Germán Adolfo; Almeida Gentile, Patricio Hernán; Jara Musuruana, Luciano Andrés; 0000-0002-3827-7027; 0000-0002-0308-9165; 0000-0002-0203-180XEl próximo 1° de Mayo, el Gobernador de la Provincia de Santa Fe pronunciará el discurso que dará el comienzo al año legislativo de la provincia. Como es costumbre, se espera que el titular del ejecutivo haga un repaso de su gestión y esboce cuáles serán los lineamientos generales del presente año. Sin embargo, más allá de los distintos proyectos que se pueden plasmar desde el oficialismo o los que puedan ser aportados por la oposición, en términos económicos existe un límite para la concreción de todos ellos en un período acotado. Dicho límite está dado por los recursos que obtiene la provincia y de la capacidad tenga la organización para administrarlos (siendo la capacidad estatal también un recurso). Al respecto de este punto, el informe que se presenta en esta edición muestra la configuración de la estructura económica de la provincia de Santa Fe. Es decir, el escenario en donde se realiza la actividad económica, y de la cual los distintos niveles de gobierno extraen sus recursos a través de impuestos para desplegar la actividad del estado. Como es usual, una de las mayores limitantes para la redacción del informe, es la falta de información estadística con carácter sistemático o actualizado. Para solucionar este aspecto, se ha recurrido a fuentes alternativas de información, que, si bien no son perfectamente compatibles entre ellas, permiten ir rodeando el problema, hasta detectar tendencias comunes (o, aunque sea, no incompatibles). Consenso para Santa Fe El gobierno nacional acordó con casi todas las provincias (excepto San Luis) un consenso fiscal, que consiste en pautas en la distribución de recursos, y el compromiso de disminuir gastos e impuestos. La Provincia de Santa Fe en febrero de este año adhirió al Pacto Fiscal mediante la Ley provincial 13.748, publicada el 19 de febrero en el Boletín Oficial Provincial. Uno de los aspectos importantes de esa negociación, es que el consenso fiscal habilita a la provincia a reclamar una propuesta del pago de la deuda histórica de Nación. Dicha deuda se originó por la detracción indebida de fondos coparticipables, pero en noviembre de 2015 Santa Fe logro un fallo a favor por parte de la corte suprema de justicia, aun sin ejecución. En términos generales, el gobierno nacional busca paliar el problema del déficit fiscal tanto a nivel nacional como provincial. Su estrategia apuesta al esquema tributario, que consiste en el siguiente dilema: disminuir presión fiscal (y, por ende, ingresos del fisco) para aumentar la actividad de las empresas (y así aumentar la recaudación). Por ejemplo, para el 2020 el consenso fiscal prevé que varias ramas de actividad estén exentas de ingresos brutos provinciales. Ahora bien, este dilema se monta sobre otro dilema en términos de recursos: para sobrellevar el costo del cambio de régimen fiscal propuesto, se toma deuda para soportar los desequilibrios originados; no solo en lo referente al problema fiscal, sino por los múltiples frentes abiertos. Dado que la toma de deuda tiene un costo en concepto de pagos por intereses, la utilización en extenso de este instrumento genera un nuevo dilema referido a la velocidad de implementación de las distintas estrategias organizadas desde la perspectiva actual del gobierno nacional. El consenso comienza a regir a partir del año en curso y deberán cumplirse antes del 31 de diciembre del 2019. El mismo prevé la sanción de varias leyes nacionales y tal vez el objetivo más complejo, consensuar una nueva ley de coparticipación federal de impuestos. En tanto, las provincias se comprometen a modificar el impuesto a los ingresos brutos, impuesto inmobiliario, impuesto a los sellos, tributos sobre la nómina salarial, municipales, y otros específicos. Estas modificaciones, se espera que afecten los ingresos del gobierno provincial. En 2017, el Impuesto por Ingresos Brutos (IIBB) -el principal impuesto de recaudación provincial- representó 25,28% del total de recursos del gobierno de la provincia de Santa Fe, incluidos aquellos que se reciben por coparticipación nacional, mientras que las proyecciones para 2018 estiman una participación de 26,64%. Por otra parte, de los recursos que obtiene la provincia por este impuesto, alcanzan 79,88% en 2017 y 78,42% en 2018, de los recursos tributarios de la provincia. En términos del acuerdo fiscal se prevé que -por ejemplo- para 2020, tres ramas de actividad se encuentren exentos del pago de IIBB, todas estás pertenecientes al sector primario. En tanto las dos ramas que prevén la mayor alícuota (6%), sean las de servicios financieros y de telefonía celular. Ahora bien, ¿sobre la base de qué estructura económica se efectúa el cambio de régimen fiscal? El informe que se presenta adjunto a esta nota, y que se encuentra disponible para su descarga; explica la composición por sectores productivos y el peso relativo en la generación de valor agregado para la economía de la Provincia de Santa Fe en general, y del Aglomerado Gran Rosario (AGR) en particular. La tabla que se muestra a continuación, se puede apreciar las modificaciones de la alícuota básica del impuesto para el presente período fiscal y en relación a 2017 y 2016. Como se puede apreciar, para 2018 se contempla una alícuota básica de 4,5% con independencia del nivel de facturación de las empresas, y que se equipara al nivel de la alícuota máxima de los años anteriores. Es decir, en términos de la alícuota básica y en comparación con 2017, la provincia aumentó la imposición del IIB. En contraposición, dichos montos solo pueden ponerse en funcionamiento una vez que entre en vigencia la denominada Ley PyMES Santafesina, mediante la cual, la provincia adhiere –con modificaciones- al régimen de estabilidad fiscal de la ley nacional 27.264; con lo cual las empresas categorizadas como PyMES son receptoras de un conjunto de beneficios impositivos, que incluyen a una gama amplia de impuestos, incluido el IIB. Así, aquello que aumenta en términos generales, se ve contrapesado por beneficios impositivos que reciben las PyMES de la provincia. ¿Qué sucede con aquellas ramas de actividad sobre las que se dispone de regímenes especiales o específicos? La ley provincial 13750 no muestra grandes diferencias al respecto. Algunas actividades industriales generales, como así también de faena y de ventas de carnes, pasan de tributar una alícuota de 0,5% por otra superior de 2%. Lo mismo ocurre con otras actividades industriales como transformación de cereales y oleaginosas o bajo la modalidad de fasón, que pasan de tributar una alícuota de 1,5% a otra de 2%. Por lo demás, el decreto muestra una actualización de los montos imponibles (no así las alícuotas) de los tramos de facturación para actividades relacionadas a juego y ocio. Quienes no se verán favorecidos con la normativa de 2018, son los pequeños contribuyentes. En el cuadro que se muestra a continuación, se observa que si bien se ejerce una actualización promedio de 25% interanual para los pagos mensuales de todas las categorías (básicamente, una actualización acorde a la inflación registrada en 2017), no se han modificado los tramos de facturación imposibles. En ese sentido, cualquier contribuyente que se encuentre en el nivel intermedio de su categoría (con la excepción de la I) y ejerza un ajuste de su facturación a niveles mínimos de 25%, en el próximo ejercicio debería verse obligado a recategorizarse a un nivel superior. Finalmente, los beneficiarios directamente identificables de la nueva configuración del régimen tributario son las denominadas PyMes. Si bien el conjunto de medidas es más amplio que el que tiene tratamiento en este artículo, en lo que respecta al IIB (y también, del Impuesto de Sellos) la adherencia al régimen de estabilidad fiscal previsto en el artículo 16 de la Ley Nacional 27264, tiene por contrapartida, el compromiso por parte del gobierno provincia de no incrementar los montos de la alícuota hasta el 31 de diciembre de 2019. A los fines de obtener una visión más completa sobre la configuración de la estructura económica de la provincia de Santa Fe, y sobre la cual incide la imposición del régimen tributario, los invitamos a leer el informe que dejamos a su disposición.Ítem Acceso Abierto INF 44 - I.E 16 - Créditos UVA en Argentina origen, cálculo y perspectivas(Universidad Nacional de Rosario. Vicerrectoría. Observatorio Económico Social., 2018-05) Jara Musuruana, Luciano Andrés; Tessmer, Germán Adolfo; Almeida Gentile, Patricio Hernán; 0000-0002-0203-180X; 0000-0002-3827-7027; 0000-0002-0308-9165En los últimos treinta días la turbulencia cambiaria y de tasas de interés hizo que muchas personas vuelvan a poner sus ojos en los créditos UVA. Sobre todo, aquellas personas que accedieron a este financiamiento o estaban pensando en tomar esta línea de crédito. Sin duda los más afectados son quienes se encuentran en la última etapa para acceder al préstamo. Una de las decisiones económicas más importantes para las familias de la Argentina consiste en la compra de una casa. Además de incluir factores emocionales, como pueden ser de pertenencia, de seguridad o incluso de cierto sentido de realización; esta decisión supone necesario disponer de cierto monto de dinero que la mayoría de las familias no posee. Para poder acceder a la casa propia muchas familias necesitan un crédito hipotecario el cual representa una inversión a largo plazo. Esa deuda implica comprometerse a través de un contrato con un banco, a pagar el valor de la vivienda financiada, lo que constituye el pago no solo del capital prestado sino también de los intereses. En primera instancia es importante saber el tipo de crédito hipotecario que se necesita. Esto depende de la situación particular y financiera de cada familia. De hecho, suelen existir distintos créditos hipotecarios dentro del sistema financiero, aunque en países como la Argentina no suele estar desarrollado este mercado o las condiciones de ingreso son accesibles para pocos. Lo cual también repercute en la curva de aprendizaje de la población para hacer uso de estas herramientas, disfrutando de los beneficios, pero también evitando las penalidades. Los datos actuales indican que la falta de viviendas y la necesidad de refacciones afecta 1 de cada 4 hogares del país, por lo que en los últimos años se elaboraron programas con la finalidad de hacer frente a esta problemática que viene creciendo en las últimas cuatro décadas. Asimismo, como se muestra en el gráfico siguiente, la tasa de créditos hipotecarios como porcentaje del PBI de la Argentina, es relativamente baja, aun en el contexto latinoamericano. Para solucionar este problema, desde el año 2012 se elaboró el programa ProCreAr que intenta dar mayor flexibilidad en el acceso a los créditos hipotecarios en comparación con la línea tradicional. De esta forma, una mayor porción de la población puede ser seleccionada para recibir dichos créditos. Si bien este programa tuvo un impacto de cerca de 150.000 créditos otorgados en el lapso 2012-2015 el gobierno actual decidió modificarlo en 2016 en base a un sistema novedoso para el país: un nuevo tipo de crédito que se ajusta por Unidades de Valor Adquisitivo (UVAs), una unidad de medida ficticia creada por el BCRA para fomentar el crédito hipotecario, y no acelerar la inflación. Bajo esta modalidad, la tasa contratada queda fija a lo largo de la vida del préstamo, y la deuda queda fijada en UVAs. Como todo crédito un deudor cuenta con la incertidumbre de poder pagarlo, en el siguiente informe se intenta explicar los motivos de la creación de esta forma de crédito hipotecario, las ventajas y desventajas que tiene el mismo, como así también dar una idea de su aceptación o no en la sociedad, en un país que suele presentar ciclos económicos muy marcados. Y un breve análisis de otras aplicaciones, tales como los créditos prendarios o los plazos fijos.Ítem Acceso Abierto INF 45 - I.E 17 - FGS creación, evolución y perspectivas(Universidad Nacional de Rosario. Vicerrectoría. Observatorio Económico Social., 2018-09) Almeida Gentile, Patricio Hernán; Jara Musuruana, Luciano Andrés; Tessmer, Germán Adolfo; 0000-0002-0308-9165; 0000-0002-0203-180X; 0000-0002-3827-7027A lo largo de la vida de una persona, una gran parte de la misma es destinada al trabajo con el fin de generar los ingresos suficientes para poder tener un nivel de vida digno. De ese ingreso una parte, no despreciable, se destina a financiar su jubilación. Es decir, generar una fuente de ingresos para la etapa pasiva de su vida. Actualmente en la Argentina se utiliza solamente el sistema de reparto, esto consiste en que los actuales trabajadores, destinan fondos con los cuales se cubren las jubilaciones. Sin embargo en el país hasta el año 2008 existió un régimen dual: de reparto y capitalización. Los fondos que se generaron hasta ese año, pasaron a conformar un fondo, que administrara ANSES. En este informe se abordará la historia, composición y funcionamiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es organismo gubernamental cuya finalidad es la administración de una gran parte de los fondos previsionales. La idea del trabajo es brindar una explicación de porqué surgió el fondo, sus características, evolución y magnitud, y los distintos dilemas que entrañan su uso a la luz de la coyuntura actual, y sobre todo, tras la firma del acuerdo entre la Argentina y el FMI en junio de este año. La administración del FGS tiene como objetivo lograr rendimientos directos e indirectos, generados por las inversiones y la aplicación de los recursos del fondo, concretamente, la misión del FGS es preservar el valor del patrimonio del fondo, buscando la rentabilidad de sus recursos. Evolución histórica Al primer año de funcionamiento, en 2007, el FGS no contaba con los aportes del sistema estatizado de AFJP. Por lo tanto, a fines de noviembre del 2008, los fondos sumaban $17.847 millones de pesos. Esa situación cambia abruptamente el 5 de diciembre de 2008 cuando se integran los fondos de las AFJP, que contabilizan unos $80.209 millones. La evolución de la valorización del fondo, se puede ver en la Tabla 1. Como se puede observar, la cotización del fondo crece año a año en términos nominales. Nótese que la capitalización del fondo opera por dos vías: la rentabilidad acumulada, y los aportes de capital por parte del Tesoro. A los fines de obtener un diagnóstico más acertado de la gestión del FGS, las dos últimas columnas de la tabla muestran -en primer lugar- la variación interanual del valor nominal del fondo neta de los aportes de capital realizados por el Tesoro. Por su parte, la última columna muestra la rentabilidad del fondo neta de aportes de capital y descontando la influencia de la variación generalizada de precios. Acorde a lo anterior, es 2011 el año con peor desempeño registrado, con un aporte de capital de $6.075 millones (el máximo de la serie) y una caída de la valoración real de 14,1% interanual. Si se tiene en cuenta la evolución de rendimiento del fondo en términos reales, tomando diciembre 2009 como año base, es decir, cuando ya se encuentran integrados los fondos provenientes de las AFJP; hasta diciembre 2017 (que es el último dato disponible para año completo), el valor del FGS registra un crecimiento real de 2,85% para el transcurso de 8 años, excluyéndose de la estimación todo aporte de capital ejercido por parte del Tesoro. Por otro lado, la Tabla 2 muestra la composición del fondo de los últimos años. En la misma, se observa la fuerte presencia que tiene el FGS en la financiación al Sector Público Nacional1 . En el caso de los Títulos Públicos si bien la participación se ha ido reduciendo desde proporción registrada de 62,4% en diciembre 2013, a 56,6% en marzo 2018; la misma sigue estando por encima de la mitad de valor del FGS. Como contrapartida a esta disminución, las acciones han alcanzado a fines de 2017 una participación de aproximadamente 20% del fondo. Finalmente, no puede dejarse de hacer notar la presencia de un rubro novedoso que comienza a operar desde 2016, los préstamos a las provincias. El FGS es un fondo de reserva administrado por la ANSES que posee un patrimonio de afectación específica. Está compuesto por activos financieros de diversa índole tales como títulos públicos, acciones de sociedades anónimas, plazos fijos, obligaciones negociables, fondos comunes de inversión, fideicomisos financieros, cédulas hipotecarias, préstamos a provincias y a beneficiarios del SIPA. En cuanto a las inversiones están distribuidas en diversos proyectos productivos, generalmente referidas al financiamiento de construcción de viviendas o de inversión en fuentes de energía y de recursos naturales. La coyuntura actual de la situación económica del país se encuentra influenciada por el acuerdo con el Fondo Monetario internacional (FMI) con el cual se fijó un desembolso a 3 años por 50.000 millones de dólares , condicionado por ciertas cláusulas relativas al cumplimiento de metas pre-establecidas que habiliten el desembolso gradual de los fondos disponibles, con revisiones trimestrales a evaluarse a partir de junio 2018 en adelante. Importancia Quienes suelen administrar fondos de terceros tienen el objetivo y la responsabilidad de usarlos eficientemente, es decir, de no gastarlos en consumo sino en inversiones rentables a fin de no descapitalizarlo. En los sistemas previsionales que constantemente acumulan ingresos, esta premisa es fundamental y la discusión referida al accionar de los administradores encargados de gestionar los aportes de los trabajadores (sea el propio estado o instituciones privadas) no es menor. Una inversión bien realizada en proyectos productivos y rentables inician un círculo virtuoso en la economía doméstica puede producir mayor crecimiento económico y como consecuencia de esto mayor empleo. Por supuesto, y como ya se mencionó anteriormente, el impacto del efecto no depende solo de su dirección, sino también de la magnitud de recursos que se pongan disponibles a esos propósitos. En el siguiente informe se intenta explicar todo lo relacionado al funcionamiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y un breve análisis sobre cómo ha evolucionado su rentabilidad desde su creación en 2007, pues en definitiva nuestra jubilación futura dependerá en gran parte de ello. 1 – Debe hacerse notar que, bajo el régimen de capitalización, las AFJP también se veían obligadas por ley a mantener en existencia una parte significativa de su cartera en Títulos Públicos.Ítem Acceso Abierto INF 48 - I.E 18 - Manual EPH – Observatorio(Universidad Nacional de Rosario. Vicerrectoría. Observatorio Económico Social., 2020-03) Tessmer, Germán Adolfo; Jara Musuruana, Luciano Andrés; Almeida Gentile, Patricio Hernán; 0000-0002-3827-7027; 0000-0002-0203-180X; 0000-0002-0308-9165La irrupción vertiginosa y creciente de tecnologías digitales y de técnicas de procesamientos de datos asociadas, han llevado a especialistas de diversos campos a realizarse esa pregunta. En la actualidad, nuestros datos personales constituyen una formidable fuente de recursos económicos para quienes los poseen y saben utilizarlos. Conocer patrones de comportamiento y de consumo, permite a una enorme variedad de empresas realizar una mejor focalización y discriminación de precios ante el público objetivo al que buscan ofrecerle sus productos. Pero eso no es todo, el uso de este tipo de tecnologías permite ir aún más lejos, al habilitar la posibilidad de modificar pautas de comportamiento; por ejemplo, creando anuncios e incentivos focalizados en el público de interés, o utilizando palabras clave que sirvan como disuasorios específicos para cada grupo de personas. O también, mediante la creación de sistemas de puntuación crediticia, como es el sistema Zhima Credit de Alipay. Y los casos siguen. Si el escenario –ya de por si complejo- fuera el de regular a favor de cierta noción de bien común las relaciones que se establecen entre organizaciones privadas y los particulares, el papel del Estado tendría un objetivo ambicioso, pero definido. El problema es que este tipo de herramientas tranquilamente pueden adaptarse para influir en el comportamiento de la ciudadanía a nivel de las decisiones en el plano de lo económico, sino también de lo político y social. Lo cual representa un enorme desafío para cualquier democracia moderna que, por definición, es un gobierno de opinión. Por ejemplo, durante 2019 se ha debatido ampliamente sobre el papel determinante que tuvo el uso de técnicas de big data en el resultado del Brexit; como así también el proyecto piloto de crédito social implementado en la ciudad china de Rongcheng, un registro de antecedentes en que las buenas acciones suman puntos, y las infracciones a la ley restan. Más allá de la novedad en la creación y uso de datos, lo cierto es que los países con cierto grado de desarrollo hace varias décadas que vienen recolectando información estadística sobre su población. Una de las virtudes que posee este tipo de relevamiento, es que -por lo general- se busca que la información recabada sea representativa de la población de referencia. La otra, es que una parte significativa de esa información ha sido, desde prácticamente sus inicios, de acceso abierto. La representatividad es una característica deseable ya que permite tener un panorama completo y no sesgado; algo que no necesariamente ocurre con la información recolectada en las bases de datos privadas (generalizando: los datos que voluntariamente brindamos cuando instalamos una aplicación en el celular o navegamos por redes sociales). Pero el logro de esta característica tiene un costo, y ese es el despliegue de recursos que los organismos de estadísticas oficiales insumen para su obtención. Así, la pregunta sobre los derechos de propiedad de la información personal se enfrenta a un panorama complejo y difícilmente generalizable. Por una parte, algunas empresas pueden disponer de información del comportamiento de la población en territorios donde el estado no releva. Por otra parte, esa información seguramente esté sesgada, dado que –por ejemplo- no toda la población de un territorio usa la misma aplicación, sino un subconjunto que no es necesariamente representativo. Lo contrario sucede, en algunos casos, con la información pública. De esta forma, la pregunta con la que inicia este artículo tiene una enorme cantidad de matices, tanto por sus buenas consecuencias: por ejemplo, una mejor planificación de las políticas públicas basadas en evidencia; como por aquellas no deseables: por ejemplo, un vulneramiento sistemático de la intimidad y privacidad de las personas (o incluso otros efectos más pequeños, como la publicación de información tendenciosa o metodológicamente mal estimada). Las novedades, a veces imponen su lógica. Entre las exigencias de mayor y mejor información, iniciativas ciudadanas de datos y gobierno abierto, proyectos de regulación de empresas que generen ganancias con bases de datos, entre otros; a veces se pierde de vista el uso, difusión y entendimiento de los datos ya existentes. El informe que presenta este artículo, tiene como objetivo construir sobre lo sólido, al facilitar el acceso e interpretación de uno de los relevamientos más importantes de nuestro país. En Argentina, uno de los mejores relevamientos de los que se dispone a nivel poblacional es la Encuesta Permanente de Hogares. Es un programa nacional de producción sistemática y permanente de indicadores sociales que lleva a cabo el Instituto Nacional de Estadística y Censos, que permite conocer las características sociodemográficas y socioeconómicas de la población. Con los datos obtenidos en esta encuesta se proporcionan regularmente, datos referidos a tasas oficiales de empleo, desocupación, subocupación y pobreza; entre otros. Las bases de datos de EPH son un insumo indispensable para los informes y trabajos que se realizan en nuestra agencia. Sin embargo, para quien no esté familiarizado con su manejo, o solo quiera realizar alguna consulta puntual, su manejo puede suponer un alto costo de entrada. Por ejemplo, la que pueda realizar un estudiante motivado de una carrera de grado. Con el Manual EPH – Observatorio (y las bases de datos correspondientes) se ha buscado facilitar el acceso a las mismas, proponiendo un uso más más intuitivo. Las bases EPH – Observatorio son presentadas en formato RDATA, es decir, para ser utilizadas en el programa de código libre R. El manual presenta una ficha como la que se muestra en la imagen anterior, para cada variable, de forma que la interpretación de la misma sea auto-conclusiva. Cada variable ha sido renombrada con un nombre no codificado, y etiquetada para que su significado pueda ser leído directamente desde la interfaz del programa. Lo mismo se ha hecho con los valores internos de cada variable. En vez de presentar números solo interpretables con el manual original de EPH, también se han etiquetado los significados de cada valor. Asimismo, se han incorporado nuevas variables, que se pueden clasificar en tres grupos: Producto del cálculo de dos o más variables dentro de la base original Producto del cruce con datos externos a EPH Producto del desglose de clasificadores cerrados Las bases y el manual van a estar disponibles en el apartado dedicado a la Encuesta Permanente de Hogares, como así también en el perfil del Repositorio Hipermedial de la UNR. Ambas van a recibir mantenimiento a medida que INDEC releve nuevos trimestres. La pregunta sobre de quienes son nuestros datos, aún no está resuelta. Sin embargo, podemos invertir en facilitar el acceso a la que efectivamente ya está disponible, formar conciencia sobre lo que es un estándar deseable de información; y a partir de esa base, exigir medidas que sin inhibir las iniciativas de mejor y más información, vulneren privacidades y derechos. Esperamos con este pequeño aporte facilitar el trabajo de nuestros investigadores en el amplio campo de las ciencias sociales, con injerencia en datos poblacionales. Universidad pública, siempre.