Internación prolongada en sujetos inimputables : “Entre lo terapéutico y lo punitivo”

Abstract

El presente trabajo tuvo como objetivo visibilizar la problemática que atraviesan las personas con padecimientos mentales involucradas en conflictos con la ley penal. Se analizaron 11 casos de individuos que, tras ser declarados inimputables, ingresaron a circuitos institucionales que, en muchos casos, resultaron ineficaces y extendieron innecesariamente el tiempo de su internación. Desde una perspectiva médico médico-legal, se analizó el rol que se asigna a los equipos de salud mental quienes son interpelados a pronunciarse sobre la presunta "peligrosidad" del sujeto, asumiendo la responsabilidad de prever eventuales conductas futuras. Esta práctica, heredera de postulados criminológicos del siglo XIX, se contrapone a los avances contemporáneos del derecho y la salud mental. En este contexto, la psiquiatría atraviesa un proceso de transición enmarcado en un cambio de paradigma, que propone sustituir el concepto de “peligrosidad” por el de “valoración situacional de riesgo”, tal como lo establece el Código Civil y Comercial de la Nación desde su reforma en 2015. Este nuevo enfoque implica también un viraje desde el viejo “modelo asilar” —caracterizado por aislamiento, estigmatización y vulneración de derechos derechos— hacia un “modelo comunitario de atención”. Este nuevo paradigma se sustenta en una sólida base normativa, tanto nacional como internacional que incluyen, la Ley Nacional de Salud Mental N.° 26.657, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros. Todos estos instrumentos impulsan una perspectiva centrada en la persona, la inclusión social y los derechos humanos. No obstante el marco legislativo vigente, el análisis de los casos estudiados demuestra que persisten obstáculos estructurales dentro del sistema de salud que dificultan su implementación efectiva. En la actualidad, muchas personas declaradas inimputables continúan institucionalizadas, con restricción de sus derechos y libertades, ya sea por la dificultad de los equipos interdisciplinarios en asumir la responsabilidad del alta, o, como ocurre con mayor frecuencia, por la inexistencia de dispositivos adecuados a sus necesidades, que permitan una derivación efectiva y segura fuera del ámbito hospitalario. Este trabajo surgió en la necesidad de evidenciar, a través de datos empíricos, cómo la deficiencia del sistema de salud cercenan las garantías constitucionales de los usuarios, más aún si estos poseen antecedentes penales de violencia como homicidios, abusos sexuales, entre otros delitos graves, a pesar del marco legal vigente.