Las uniones “tempranas” en Chiapas, México. Reflexiones sobre un proceso de investigación participativa con jóvenes indígenas

Esta ponencia trata de una experiencia reciente de investigación antropológica en tres contextos indígenas de Chiapas, estado ubicado al sureste de México y muy conocido por todos, debido a que hace 25 años atrás, fue el escenario de uno de los más importantes y relevantes movimientos de lucha indígena, el zapatismo. Desde el año 2006, momento en que me trasladé a vivir a San Cristóbal de las Casas por motivos laborales, inicié un acercamiento a ciertas problemáticas juveniles vinculadas a la sexualidad y la reproducción de jóvenes indígenas de los Altos de Chiapas. Estudié por varios años, la experiencia de la migración interna e internacional y sus implicaciones en las trayectorias sexuales y reproductivas de varones y mujeres (Reartes, 2014). En esta ocasión voy a reflexionar sobre un trabajo de investigación participativa que tuvo como principal objetivo documentar la configuración actual de las uniones “tempranas” en jóvenes indígenas, fenómeno que continúa estando “naturalizado” en muchos contextos rurales e indígenas de México. La pertinencia de esta comunicación en este evento radica en su conexión con el debate central de las Jornadas en torno a la “naturalización” de ciertas desigualdades sociales, en sectores de la población particulares (en este caso la juvenil) y en torno a problemáticas vinculadas con el género, el parentesco y la sexualidad, dimensiones centrales de la reproducción de las sociedades. Me interesa no sólo visibilizar las dimensiones clave de las uniones tempranas que estudiamos (en un contexto y tiempo determinado) sino también pensar el papel que como antropólogos podemos ejercer desde organismos oficiales o desde organizaciones civiles, como fue en este caso, para promover procesos de reflexión colectiva sobre ciertas desigualdades sociales que se encuentran normalizadas en los conjuntos sociales. El “problema” de las uniones tempranas. Por “uniones tempranas”, consideramos las uniones formales o informales, en donde al menos uno de los contrayentes es menor de 18 años. Según UNICEF (2019) 10 países cuentan con los más altos números absolutos de matrimonio infantil, tomando como población las mujeres entre 20 y 24 años que se casaron antes de cumplir los 18 años. India ocupa el primer lugar con 26, 610,000, seguido de Bangladesh (3,931,000) y Nigeria (3,306,000). Entre las causas de este problema se encuentran las desigualdades de género ancladas en un sistema patriarcal de poder y subordinación, ciertas prácticas sociales y culturales, la pobreza y la inseguridad que existe en determinados contextos marcados por la violencia, los conflictos armados o los desastres naturales. Las implicaciones son múltiples y se manifiestan en el corto, mediano y largo plazo. En el ámbito educativo, estas uniones favorecen la deserción escolar y sus consecuencias asociadas. En el ámbito de la salud, pueden condicionar: violencia sexual, embarazos tempranos, riesgos obstétricos así como infecciones de transmisión sexual, incluido el vih/sida. En el terreno de las dinámicas familiares y de pareja, pueden favorecer distintos tipos de violencia y maltratos. Los matrimonios infantiles y las uniones tempranas han recibido una atención limitada y reciente en América Latina y el Caribe. En 2017, en toda la región el 23% de las mujeres de 20 a 24 años de edad ya había estado casada o en unión a los 18 años y el 5% a los 15 años. Los datos sobre tendencias muestran que América Latina y el Caribe es la única región del mundo donde no se ha registrado un descenso significativo en los últimos 20 años. Los países con mayor prevalencia son República Dominica y Brasil, con 36%, Nicaragua con 35%, Honduras con 34%, Guatemala con 30% y el Salvador y México con 26% (Greene, 2019). “La invisibilidad del fenómeno se debe en parte al arraigo histórico y cultural y su naturalización y se ve reforzada por falta de datos a largo plazo y porque la información básica sobre matrimonio infantil no se actualiza o no está disponible en algunos países”. (Greene, 2019:8). Otro aspecto que afecta el estudio de la problemática y la comparación entre diferentes regiones, países y contextos refiere al uso de varios términos para referirse al fenómeno como: unión consensual, unión forzada, unión temprana, matrimonio infantil, unión libre, unión de hecho (Greene, 2019). México presenta la quinta tasa más alta de América Latina y el Caribe, estimándose que 22.9% de las mujeres de 20 a 24 años se casaron o entraron en una unión informal antes de los 18 años y esta tasa no ha cambiado en casi 30 años (Rivera y Palma, 2017, p.4). En Chiapas la tasa de matrimonio infantil alcanza un nivel de 30% y esta es también la tasa para la población rural en 14 estados de la república (Pérez Amador y Hernández, 2015. Citado en Rivera y Palma, 2017:4). En nuestro país, la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece los 18 años como edad mínima para contraer matrimonio sin la otorga de dispensas o excepciones, aunque los códigos civiles, de familia de algunos estados y el Código Civil Federal permiten el matrimonio infantil a través de dispensas o excepciones. En México, el estudio de las prácticas matrimoniales en contextos rurales e indígenas cuenta con una larga trayectoria, en tanto la antropología siempre ha tenido como interés el estudio del parentesco y la búsqueda de modelos y patrones en lo que respecta por ejemplo al tipo de arreglos y los rituales asociados (González Montes, 1999; González Montes y Mojarro Iñiguez, 2011; Mindek, 2003). Sólo en los últimos años la mirada y abordaje teórico y metodológico de la perspectiva de género ha complejizado su estudio y comenzado a visibilizar el papel del patriarcado y la subordinación femenina en la conformación de las uniones. Por otro lado, recientemente ha emergido un impulso global y regional desde distintas organismos internacionales y nacionales que han logrado poner en las agendas la importancia de estudiar e intervenir para prevenir, disminuir y erradicar esta práctica violatoria y garantizar los derechos de niñas, adolescentes y jóvenes. En los objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) existe una meta específica sobre prácticas tradicionales nocivas que incluyen el matrimonio infantil y como parte de la Iniciativa 18+ en América Latina y el Caribe se han impulsado estudios regionales que buscan destacar las especificidades de la región y encontrar similitudes y diferencias que permitan informar mejor las políticas públicas. Las reflexiones que presento en esta ocasión se derivan de una investigación llevada a cabo por la organización civil Ideas, Información y Diseños Educativos para Acciones Saludables A.C. Chieltik, con el financiamiento del Fondo para Jóvenes de Centroamérica y México (CAMY) y se realizó entre febrero del 2018 y junio del 2019.