Violencia de género : Pautas Socio-Culturales y agravamiento del problema

Abstract

La violencia contra la mujer implica la violación a los Derechos Humanos fundamentales; es un problema político, social y de salud pública, que impide la construcción de relaciones simétricas en el marco de la familia y la sociedad. La Ley N° 26.485, Ley Integral de Violencia, reglamentada en el año 2010, plantea la Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales, pretendió constituirse en el instrumento rector de las políticas para los distintos tipos de violencia: física, psicológica, sexual, económica y patrimonial y violencia simbólica, actuando sobre estas formas de violencia en los distintos ámbitos donde se manifiesta, incluyendo la violencia doméstica, que se da en el marco de las relaciones interpersonales. Establece el Consejo Nacional de la Mujer, como organismo competente para el diseño de las políticas públicas para alcanzar los objetivos de la ley. Los objetivos del presente trabajo fueron: Generales: Indagar sobre el problema de violencia de género a nivel general, regional y local. Específicos: Conocer la labor que lleva adelante el personal de la Comuna y la Comisaría de la localidad de Arteaga en relación al problema de las mujeres víctimas de violencia de género. Describir los diferentes instrumentos de respuesta ante una denuncia de violencia de género. Describir el proceso de trabajo del ESPI. Describir las diferentes instancias de prevención y protección que tiene la Justicia. Indagar el camino que sigue un pedido de ayuda, desde el pedido mismo, a la denuncia y la judicialización. Se utilizaron como fuente de información los registros de denuncias policiales, de informes judiciales y datos aportados por personal que atendió los casos, por testimonios de terceros, y los datos estadísticos provinciales y de ongs. (aportados por la Comuna) Las leyes sancionadas, han logrado iniciar hacia el interior de las sociedades, una discusión sobre la violencia y se ha impulsado un mayor compromiso en el tratamiento de esta problemática. Lo que se intenta, a través de las legislaciones, es contar con un instrumento legal para poder combatir la violencia, teniendo en cuenta la importancia del médico legal en el proceso judicial quien permite evidenciar las violencias y la responsabilidad de los individuos en el delito. La respuesta institucional en la zona está dada por el ESPI (Sistema de Protección Integral a Víctimas de Violencia de Género), la Comisaría, y el Juzgado. Sin embargo, las estadísticas no descienden, porque, aunque es oportuna y justa la creación de áreas específicas que den respuesta a un tema tan profundo como la violencia, no se modifican las condiciones que son el germen del problema, constituyéndose la violencia en un emergente de un sistema social, relacionado con la manera de producir, redistribuir y generar condiciones de relación interpersonal. Siendo la violencia una determinación del sistema productivo. La experiencia de maltrato provoca un alto nivel de ansiedad, alteraciones psicosomáticas; sentimientos depresivos, disfunciones sexuales, conductas adictivas, dificultades en las relaciones personales y es el médico legista el que, en la entrevista a la víctima, debe identificar y caracterizar la violencia de género, para que a partir de allí, el resto del equipo pueda acompañar a la víctima en lo que desee realizar, aunque decida no continuar el procedimiento.