Privación de libertad y autonomía

Abstract

Se reconoce que la libertad es una cualidad esencial de la dignidad humana y el valor fundamental de la existencia del hombre, mientras que la privación de libertad se refiere a la detención o encarcelamiento de una persona por decisión de una autoridad, lo que le impide moverse libremente e implica la pérdida de la capacidad de autogobierno. Para que se determine que una persona debe ser privada se su libertad debe haber cometido delitos o infracciones o incumplimientos de la ley. También se incluyen aquellas que se encuentran bajo custodia y responsabilidad de las diversas instituciones. Por otro lado, la autonomía es la capacidad de una persona para tomar sus propias decisiones y gobernarse a sí misma. Es un principio del derecho que se refiere a la libertad de elegir y actuar según la propia voluntad, tanto en el derecho privado como en el marco de los derechos humanos. Las personas privadas de libertad tienen el derecho irrestricto a la salud, según la Ley Nacional de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad N° 24.660, y la Ley Nacional Nº 26.657, entiende a la salud mental como un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona. El objetivo del presente trabajo fue el de exponer el grado de conocimiento que los médicos asistenciales poseen respecto a la autonomía en decisiones sobre salud en pacientes privados de su libertad y el de poner en evidencia la ambivalencia y/o contradicciones del marco legal existente entre la autonomía de la voluntad de un paciente en libertad respecto a otro privado de su libertad. Para ello se realizó un estudio cuantitativo descriptivo a través de encuestas presentando situaciones problemáticas sobre el tema en cuestión, tanto a médicos que integran los servicios de guardia y de las salas como a profesionales del derecho, (abogados penalistas, abogados civil y comercial, jueces y fiscales). Estos últimos expresaron sus respuestas a partir de sus apreciaciones prácticas y teóricas. Se puso de manifiesto la falta de conocimiento por parte del personal médico asistencial (guardias, internación, necesidades de procedimientos médicos) frente a situaciones cotidianas de la práctica médica. Además el médico ante una situación conflicto desconoce el procedimiento y no cuenta con los conocimientos básicos de las leyes relacionadas con el tema. Se propuso una serie de algoritmos para obtener una posibilidad de contar, en estas situaciones, con protocolo sujeto a derecho lo que evitaría las indecisiones, confusiones o conflictos entre las partes intervinientes (personal médico, paciente, personal policial y la justicia).