Financiamiento climático: impuestos ambientales, ¿greenwashing gubernamental?

Aunque actualmente hay más conciencia global con el ambiente y los combustibles fósiles, sigue habiendo pocos y lentos avances en cuanto a nuestra interacción con la naturaleza, el consumo de sus recursos y la basura que tiramos en ella. Esto a su vez, ha empeorado las condiciones climáticas y los más vulnerables siguen siendo los más afectados. Los sistemas tributarios desempeñan un rol fundamental —entre otros mecanismos— para abordar el financiamiento del cambio climático y las cuestiones de equidad y justicia social vinculadas a la implementación de políticas ambientales, entre otras. En algunos casos, puede ocurrir que las políticas fiscales se presenten como ecológicas pero en los hechos, carecen de un impacto real en la sostenibilidad. Por ejemplo, si los ingresos generados por estos impuestos no se destinan a proyectos ambientales concretos, podrían ser percibidos como una estrategia engañosa (greenwashing). La discusión se centra en dos aspectos interrelacionados: por un lado, los impuestos ambientales —diseñados para corregir externalidades negativas y promover conductas más sostenibles— y por otro, la práctica del greenwashing, mediante la cual se les da un “etiquetado verde” que en muchos casos sirve más para mejorar la imagen política o corporativa que para generar un impacto ecológico real. En definitiva, para que la política fiscal ambiental avance de manera efectiva y no se quede en un discurso de marketing verde, los gobiernos deben adoptar dichas políticas acompañadas de mecanismos de verificación, participación ciudadana y coordinación entre jurisdicciones. Solo así se podrá garantizar que los impuestos ambientales no sean utilizados como mero recurso de greenwashing, sino que se conviertan en instrumentos efectivos para la protección del ambiente y la promoción de un desarrollo sostenible.