El impacto de la tributación local en los proyectos de generación eléctrica por medio de energías renovables

La promoción de los biocombustibles con la sanción de la ley 26093, en el año 2006, ha sido considerada en la República Argentina una de las alternativas más importantes para diversificar la matriz energética -principalmente en el sector transporte-, mientras se fomenta el desarrollo industrial, al potenciar la transformación de commodities agrícolas. El 15 de octubre de 2015 se promulga la ley 27191, cuyo principal fin es incrementar la participación de las Energías Renovables (EERR) en la matriz energética eléctrica en nuestro país, al establecer la obligatoriedad de que a diciembre de 2017 el 8% de la demanda eléctrica total provenga de este tipo de recurso hasta llegar al 20% en el año 2025. El objetivo de avanzar en una matriz energética más diversificada utilizando la mayor multiplicidad de recursos disponibles, renovables y no renovables, buscando el equilibrio entre costo, seguridad de suministro y disminución de emisiones GEI, parece ser uno de los objetivos centrales del gobierno actual. En esta línea, en el año 2016, mediante ley 27270, Argentina ratifica el Acuerdo de París, por el cual se compromete a desarrollar un plan a largo plazo para transformar su economía, prepararse para los impactos que el cambio climático pueda provocar y darle soporte a los más vulnerables. Los gobiernos deben revisar sus políticas energéticas y fomentar las energías renovables, deteniendo la financiación a los combustibles fósiles y la deforestación. De esta forma Argentina no solo es uno de los 195 países que firmó el acuerdo de París, sino que declaró el año 2017 como el año de las energías renovables. En este marco, entendemos que la potestad tributaria de las provincias y sus municipios se halla condicionada por el ordenamiento jurídico vigente, siendo el principal objetivo de nuestro trabajo analizar el impacto de las normas nacionales en la promoción a la generación de este tipo de energía, para de esta forma discernir respecto de la posibilidad o no de una potencial gravabilidad al acceso y el uso de fuentes renovables de energía con cánones o regalías locales.