El original estudio, explora la situación nutricional de un grupo de personas que por su condición penal escapan al concepto corriente de inseguridad alimentaria, entendida como una condición permanente de acceso insuficiente al suministro alimentario por razones económicas y/o sociales, lo cual genera desnutrición crónica. En esta línea, cobra un sentido diferencial también el propósito de las políticas públicas alimentarias que tienen como objeto dicha población “carcelaria”, ya que no se remiten a un grupo vulnerable en términos sociales según contempla la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).