Revista Académica Electrónica de la UNR • Nº 01 (1) Vol. 1: Noviembre 2008

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Primer proyecto institucional de divulgación de la producción científica, tecnológica, artística y pedagógica generada en el ámbito de la Universidad Nacional de Rosario, dentro de los eventos por la conmemoración del 40º Aniversario de su creación. Creada por el Consejo Superior de la UNR mediante la Resolución Nº 475/2008 y declarado de interés municipal por el Decreto Nº 31239.

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Examinando Revista Académica Electrónica de la UNR • Nº 01 (1) Vol. 1: Noviembre 2008 por Autor "Arcocha, Carlos"

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    La larga marcha ambiental en la provincia de Santa Fe.
    (Centro de Publicaciones Periódicas Electrónicas de la Universidad Nacional de Rosario, 2008-11) Arcocha, Carlos
    La ley 10.000 (T.O. 12.015) de la Provincia de Santa Fe, se construyó como instrumento pionero –09/01/87– del universo jurídico ambiental. Esta verdadera “acción popular de protección” de los intereses colectivos – formalmente denominada “recurso contencioso administrativo sumario” – ostenta las ventajas de la acción de amparo ambiental (ley 25.675), sin exigir las condiciones y requisitos de aquella, y al mismo tiempo prohibe aventuras resarcitorias individuales (“… no es admisible para obtener el pago de prestaciones económicas….” – (Art.1°). La valla de la vía administrativa previa se obvia “… por tales vías no se pudiera obtener una rápida reparación de la lesión” (Art. 2°). Paralelamente el plazo de caducidad para la interposición de la acción (15 días a partir del acto, omisión o efectos), queda sin exigencia, al renacer cada día el daño ambiental (Art. 3°) y sus efectos. La ley 10.396 otorga una legitimación activa especial (Art. 1° y 24°) al Defensor del Pueblo de la Provincia de Santa Fe para interponer –de oficio o a pedido de parte– la acción de la ley 10.000 (efectivizada en numerosos casos: ruidos excesivos de discotecas, contaminación de ríos, protección del patrimonio histórico, preservación de parques regionales, etc.). La jurisprudencia ha sido –en la inmensa mayoría de los casos- generosa en la admisibilidad de la acción, amplia en el otorgamiento de las medidas cautelares, e innovativa en las formas plurales de ejecución de sentencia. La ley 11.717 (que en su texto original derivaba los ejes esenciales a posteriores leyes especiales), luego del veto aceptado e integrado, conforma una verdadera “ley marco” integral e integrada si bien con un sesgo especial. Este perfil particular consiste en depositar en el decreto reglamentario las normas de procedimiento (y, agregamos, también de fondo) relativas a: Sistemas de Áreas Naturales Protegidas, Estudio de Impacto Ambiental, Auditorías Ambientales y Residuos Peligrosos. En síntesis: estamos ante un corpus único donde la ley de fondo y la reglamentación (vía remisión) comparten en unión hipostática preceptos de forma y contenido sustancial. Decreto Reglamentario Nº 1844/02 Naturaleza Jurídica Pese a que se lo denomina “decreto correctivo” o “rectificatorio” de errores materiales, es mucho mas: se trata de un decreto autónomo y sustitutivo, como lo aclara expresamente. Por lo tanto será un punto a plantearse potencialmente, el de situaciones acaecidas durante la transición de vigencia del Decreto Nº 595/02 (posibles pero no probables).
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    The long environmental march in the Province of Santa Fe.
    (Centro de Publicaciones Periódicas Electrónicas de la Universidad Nacional de Rosario, 2008-11) Arcocha, Carlos
    Act 10.000 (T.O. 12.015) of the Province of Santa Fe, was built as a pioneer tool -09/01/87- of the environmental legal universe. This true “popular action of protection” of collective interests –formally denominated “summary administrative contentious appeal”– displays the advantages of the environmental class action (Act 25.675), without demanding its conditions or requirements, and at the same time bans compensating individual adventures (“…it is not admissible to obtain payment for economic provisions…” – (Art. 1°). The obstacle of the administrative path is overlooked “…through such ways a quick redress of the damage could not be obtained.” (Art. 2). In the same manner the lapsing of legal action for the filing of the action (15 days starting from the deed, omission or effects) is left without requirements, the environmental damage and its effects being renewed (Art. 3°). Regulatory Decree N° 1844/02 Legal Nature: In spite of being denominated “decree of disciplinary action” or “corrective” of material errors, it is much more: it is an autonomous and substitutive decree, as it is expressly made clear. Therefore, the issue of situations taking place during the transition of the validity of the Decree N° 595/02 (possible but not probable) will be an issue to be dealt with potentially.