Sin demasiados esfuerzos cognitivos podemos reconocer que desde que se decretó en Argentina, el 20 de Marzo de 2020, el aislamiento social, obligatorio y preventivo — más conocido como cuarentena — no dejan de suscitarse las analogías y comparaciones entre lo que cada uno/a de nosotros/as estamos viviendo al no poder salir de nuestros hogares y lo que viven cotidianamente más de 95.000 hombres, mujeres y trans privados de su libertad en prisiones del territorio nacional. El foco suele ponerse en preguntas sobre las condiciones y las sensaciones, sobre el régimen de habitabilidad y de sensibilidad, y sobre dichos parámetros afirmaciones tales como «ahora sé lo que se siente estar preso» o «uno se da cuenta lo que debe sentir alguien que está preso».
De más está decir que no es necesario investigar e intervenir en las prisiones para rápidamente refutar esas afirmaciones, o para señalar su clara parcialidad. Transitar el confinamiento dispuesto por el gobierno nacional como medida para prevenir la expansión de un virus, a pesar de lo novedoso y excepcional que es — y esperemos sea — en nuestras biografías vitales, poco se le parece a la experiencia de transitar una agencia penal que funda su ejercicio en la generación del daño, tanto físico como psíquico, tanto corporal como mental. Daño —el de la prisión— que en sus orígenes, y en comparación a los suplicios provocados por el poder soberano durante los siglos XV y XVI— donde el castigo se materializaba en azotes y desmembramientos a los súbditos en la plaza pública —, era un gesto humanitario; que rápidamente adquirirá el carácter contrario. No sólo porque las pretensiones resocializadoras fracasaran desde su nacimiento, sino porque ninguno de los preceptos legales que pretendían asegurar condiciones de sanidad, limpieza y seguridad para quienes habitaran las cárceles tendrían efectos concretos en la cotidianeidad de los confinados. Por tanto, el amor mutandis que promovían los reformistas del derecho penal liberal clásico del siglo XVIII, verán rápidamente cómo esa institución de carácter ubuesco llamada prisión desbocaba sus objetivos iniciales, ampliando la generación del daño no sólo a la privación de la libertad ambulatoria — que tal vez sea la que resuena en muchos/as de los que hoy la sufren a partir del aislamiento obligatorio — sino también a lo que un sociólogo norteamericano, Gershan Sykes, describió en su libro La sociedad de los cautivos (1958) como los «sufrimientos del encarcelamiento»: perdida de la libertad, de la autonomía, del acceso a bienes y servicios, de las relaciones heterosexuales, y la seguridad.
Por tanto, lo que esta situación generalizada nos permite dimensionar, a priori, es que el valor de la libertad ambulatoria no es tan menor o insignificante como suponíamos hasta entonces, sobre todo cuando resuena el discurso sobre la insuficiente cantidad de años otorgado, como castigo, a un delito, llegando así a la afirmación de ser considerada «injusticia» la benignidad de las penas o la desproporción entre el sufrimiento de la víctima — y sus familiares — y el tiempo de encarcelamiento. Dichas frases, post pandemia, seguirán replicándose y seguramente— ojalá mi hipótesis sea refutada — nada cambiara en ese sentido; cuando todo vuelva a su curso «normal» volveremos a pensar que la privación de la libertad ambulatoria es insuficiente, que es indispensable anexarle una cuota extra de dolor, esa que ninguno de nosotros/as estamos atravesando durante esta pandemia, a pesar del confinamiento.
O para ser más precisos, ninguno de los que tenemos un espacio habitable, un ingreso que — a pesar de verse algo mermado — sigue siendo suficiente para la cómoda subsistencia cotidiana, o la posibilidad de echar mano a ciertos ahorros que destinados a algún consumo de lujo — frente a los de necesidad, tal como sostenía Bourdieu — serán ahora puestos a disposición de las extensiones cuarentenales, o de una red familiar que tirará sus cuerdas para asistirnos en caso de necesitarlo. Porque una gran parte de la población no transita de la misma forma el inicialmente romantizado «quédate en casa» — romantización que cual si amorío de verano ya comienza a perder el embelesamiento inicial—; muchos y muchas sufren otros efectos de la pandemia que exceden la privación — o sería más preciso hablar de restricción — de la libertad, y es nada más ni nada menos que la de tener acceso a los Derechos Humanos Básicos: una buena alimentación, prácticas educativas y culturales — ahora en la nueva y agobiante virtualización plena de la vida — , o un abordaje integral de la salud — tanto física como mental —.
Pues bien, esa descripción romantizada no es la misma para los/as jóvenes que habitan las periferias urbanas o las cárceles de nuestra ciudad. Y entonces aquella afirmación inicial de que el aislamiento obligatorio nos hace reconocer lo que supone estar encarcelado, se derrumba automáticamente. Los daños del encierro no se limitan a privar la ambulación del encerrado, sino también a gestionar su vida como exceso, sobrante, matable. A partir de ahí, los sufrimientos y penurias son disimiles; sin esto ir en desmedro de que todos y todas las que transitamos esta etapa de aislamiento somos atravesados por angustias, miedos, temores, y penurias de múltiples órdenes.
Sin embargo, hay un elemento que esta pandemia y el aislamiento obligatorio hacen emerger con intensidad, y puede resultar un parámetro para pensar aquello que nos «equipara» en esta experiencia vital, a quienes estamos cómodamente confinados en nuestras casas y las personas encarceladas; sobre todo entiendo que puede aportarnos una clave de lectura para comprender los sufrimientos extendidos del encierro: la incertidumbre. En términos estrictos no es que este concepto sea una novedad en estos tiempos, ya la anunciaba el sociólogo Robert Castel en su libro «El ascenso de las incertidumbres» (2009) donde describía el derrumbe de los procesos de colectivización y la exaltación de la individuación, y reconocía cómo las pequeñas certezas ofrecidas por el Estado de Bienestar capitalista, incluso en sus condiciones de desigualdad y explotación, eran un sostén para construir horizontes de vida posibles, de transitar la vida con otros/as reconociendo ciertas reglas — aunque injustas — del juego. La desregulación financiera, las caídas de los Estados de Bienestar, la consolidación de los procesos de neo-liberalización de las economías — y todos otros ámbitos de la vida antes no alcanzados por dicha grilla — en gran parte del globo — pero particularmente en Latinoamérica — volvió a situar en primer plano a la incertidumbre como un modo de conducir la conducta de los otros. Sólo a modo de ilustración, basta recordar la frase del Ministro de Educación de la Nación durante la gestión de Cambiemos en Argentina (2015—2019): «Debemos crear argentinos capaces de vivir en la incertidumbre y disfrutarla». Debíamos acostumbrarnos a vivir en la incertidumbre, y además disfrutarla. El detalle omitido es que quienes se encuentran privados de su libertad experimentan esto desde mucho antes incluso y más allá, del carácter más conservador o progresista de un gobierno nacional o local. La incertidumbre es una modalidad, y hasta una técnica de poder, para gestionar la vida en prisión.
Algunos datos cuantitativos y cualitativos grafican esta idea, y para ello quisiera situarme en la situación especifica de la provincia de Santa Fe, sin dejar de advertir que podrían ser extrapolados — con pequeñas variaciones — a la realidad nacional en su conjunto. De los más de 6000 presos encarcelados en la provincia de Santa Fe, el 50% lo hace en condición de procesados; es decir, se los acusa de un delito, se aplica la prisión preventiva y la justicia se tomará su tiempo — suponemos que en realizar una investigación imparcial — para determinar si es culpable o no. Dichos procesos suelen tener demoras de hasta dos años y durante ese prolongado tiempo quien, hasta que la justicia diga lo contrario es inocente, deberá transitar no sólo el confinamiento obligado por el Estado Penal sino la degradación subjetiva de una institución que genera daño. En ese sentido, el tránsito por el encierro está atravesado fuertemente por la incertidumbre. A pesar de los imaginarios que existen sobre la prisión, de ser una institución pesada y fuertemente disciplinaria, jerárquica, organizada rigurosamente en tiempos, espacios y actividades, las dinámicas intrínsecas asumen más volatilidad de lo que creemos.
Sumado a eso, existe un dato proveniente de nuestros registros etnográficos en la cárcel que nos permiten afirmar que un gran porcentaje de la población encarcelada «está pasada». ¿A qué remite esta frase? Al tiempo excedente entre la condena legal y la real. «Estar pasado» significa que la justicia condena a una persona a 10 años a prisión pero que, a pesar de haberse cumplido ya ese tiempo legal, la correspondiente libertad — salidas transitorias, libertades asistidas, condicionales o finales — no es otorgada. Así, llegamos al tramo final de la incierta vida en prisión; porque luego de transitar todas las vicisitudes del encierro sin saber qué deparará el día siguiente — en tanto cada jornada estará relacionada a nuevas formas del daño —, el final tampoco es tal, se extiende, se prolonga, se prorroga, se vuelve indefinible. El sociólogo británico Ben Crewe argumenta en su texto Power, adaptation and resistance in a late-modern men’s prison (2007) que las prisiones contemporáneas se inscriben en una coyuntura donde la incertidumbre se ha vuelto condición de ser, donde la cultura institucional está cimentada más que en la brutalidad del trato —que sigue existiendo por doquier— y la disciplina más estricta —que de todas maneras opera en muchas prácticas cotidianas— en una trama cada vez más «suave, pero todavía más opaca e incierta». Para profundizar este argumento sostiene que el gobierno de la vida en prisión está fuertemente ligado al power of the pen — el poder de la birome —, a la definición que los equipos de profesionales — compuesto por psicólogos, trabajadores sociales, terapistas ocupacionales — realizan a partir de observar y evaluar la trayectoria de los detenidos durante su condena. Informes que en la trama administrativa de la prisión son puestos a consideración de un Consejo Correccional, y que luego será elevado a un Juez de Ejecución que, a pesar de reconocer que dichos informes no son vinculantes los tomará como una referencia sumamente significativa, en cierto modo es el único contacto que los jueces de ejecución — no todos/as, pero mayoritariamente — tienen con la prisión.
Actores/actoras que disponen entonces del ejercicio final de aquel poder de la birome que decidirá sobre la vida de los otros. Lo importante aquí es situar este argumento en las cárceles latinoamericanas en general, argentinas en particular, y santafesinas en singular. «Estar pasados» es la expresión de la desproporción existente entre la cantidad de profesionales y la población encerrada — en promedio, en la provincia de Santa Fe, hay un profesional cada 250 detenidos —, la restricción de movimientos — bajo los argumentos de la peligrosidad o la conflictividad— que los agentes penitenciarios disponen, arbitrariamente, para la vida cotidiana — cuyo mayor efecto es la imposibilidad del encuentro tanto con los profesionales como con otros actores externos, y por tanto el acceso a los Derechos como salud, educación, trabajo — y la inabarcable tarea de Defensores Oficiales que, en muchos casos a pesar de sus buenas intenciones y miradas críticas sobre la prisión, también se encuentran desbordados — al 2019, había un promedio de 119 detenidos por cada Defensor Oficial de ejecución penal—
Estar pasados es sinónimo de lentitud en instituciones pesadas y anquilosadas, pero también de falta de inversión en las estructuras de la justicia. Estar pasados es una de las mayores expresiones de la indistinción social frente a vidas que se vuelven descartables, estar pasados es la angustia de «haber cumplido», «haber pagado» una condena pero tener que sumarle otra, ya no la de la estigmatización social que seguirá operando salga cuando salga, sino de la prolongación indefinida del encierro. Estar pasados expresa que la incertidumbre vital punitiva no finaliza cuando la condena legal se acaba, sino que persistirá hasta quién sabe cuándo. La aparición del COVID-19 no hizo más —ni nada menos— que agravar la situación de prisiones sobrepobladas y hacinadas donde el riesgo de muerte se vuelve cada día más exponencial.
Así, las demandas de distintos organismos de la sociedad civil se centran en pensar medidas — desoídas mayoritariamente — para descomprimir tal situación. No están planteando la liberación de todos los detenidos, sino de un determinado conjunto de la población donde se encuentran, entre otros, «los pasados». Porque si algo vuelve irracional la negativa de la justicia a pensar medidas alternativas a la prisión es su propia irracionalidad: la misma que le solicita a un joven de sectores populares pagar una fianza de $10.000 para transitar su proceso en libertad, y que no acepta el pago de $ 4000 por resultarle insuficiente —dinero que su familia había podido juntar y que ofrecía pagar en dos cuotas—. Aquí no opera ni siquiera lo que Didier Fassin señala en su libro Por una repolitización del mundo (2019) como la política de la piedad «que pone a la vida misma en el centro de la decisión». Aquí lo que se pone en el centro es la muerte, la necropolítica.
Es la irracionalidad que termina con la vida de ese joven en la Unidad 11 de Piñero, pero también con la de siete presos que ya se contabilizan entre las cárceles de Coronda y Las Flores durante la pandemia, o los motines que actualmente se están generando en las prisiones bonaerenses.
La pandemia ha generado entonces una suerte de parábola invertida e idea de que la prisión es continuidad de lo acontecido extra — muros de forma intensificada, debe ser revisada en esta coyuntura. Parece que una importante cantidad de ciudadanos ahora se encuentran sufriendo no tanto el confinamiento, sino las múltiples incertidumbres que este provoca. Posiblemente, la espera de los anuncios oficiales se siente como una suerte de audiencia de ejecución penal donde un juez decidirá sobre nuestras libertades ambulatorias, y allí la desazón de saber que para algunos sí, para otros no.
Quienes son incluidos en las excepciones celebran, no el fin de las incertidumbres colectivas sino el aplacamiento de las individuales. Quienes son excluidos son «los pasados». Esto es parte de la cotidianeidad del encierro y posiblemente, hasta ahora, la de una importante conjunto de la población que siempre pensó en resguardar sus certidumbres individuales sin importarles las colectivas. Tal vez sea hora de mirar un poco más lo que sucede en la cárcel, no para reciclar nuestro frágil sentido humanitario y solidario — que seguramente se esfumará tan rápido como la pandemia lo haga — sino para prepararnos mejor cuando la vida nos coloque en una situación excepcional, esa misma que los presos transitan desde que ingresan a un penal, las que los pone a sobre vivir en la incertidumbre de un potencial contagio, de saber que serán los últimos para la atención del sistema sanitario — porque ya lo son desde el momento en que son encarcelados —, de pensar que están allí procesados y por tanto inocentes de lo que se acusa hasta que se demuestre lo contrario, que muchas de las enfermedades pre-existentes adquirieron existencia a raíz de su encarcelamiento, que se encontraban «gozando» de salidas transitorias — laborales, educativas, familiares — y fueron suspendidas a raíz de la pandemia, y que muchos/as «están pasados» y deberían estar en sus casas, con sus familias — sobre las que tampoco saben cómo están transitando esta situación por haber perdido el contacto con ellos/as —, disponiendo al menos de su ambulación para transitar la angustia sin la vigilancia, el control, la arbitrariedad de aquel que asume el poder de castigar.
Esa incertidumbre no es la misma que viven quienes no saben si podrán volver a trabajar, regresar del exterior, o compartir un cumpleaños con amigos; pero la sensación de incertidumbre — que le ha hecho perder algo de densidad a la de la inseguridad, porque hay un temor viral que ocupa ahora el lugar central — es constitutiva de la vida de unos/as y otros/as.
Todo indica que la cuarentena se extenderá, y allí todos sentiremos que «estamos pasados», cansados, hartos, irritables pero, por sobre todo, inciertos, desorientados, dependientes ya no sólo de lo que hagamos cada uno/a de nosotros/as quedándonos en nuestras casas, sino de las acciones y decisiones de otros/as (el resto de la población, el gobierno, la justicia, etc.). Y entonces recordé una nota que un detenido de la Unidad Penitenciaria n° 3 de Rosario, en el año 2006, cuando comencé a transitar las prisiones santafesinas, le dirigía al por entonces juez de ejecución penal manifestándole que ya se encontraba «pasado» para acceder a los «permisos» — salidas transitorias, cerrando con el siguiente pedido: «por favor le pido que me deje salir, aunque sea un rato».
Tal vez entonces la cárcel provoque, en circunstancias como estas, invertir el eje de visibilidad; y aunque personalmente me invade un optimismo trágico y creo que luego de esta experiencia vital no saldremos mejores, tal vez la única lección sea que la incertidumbre nunca será un disfrute, sólo que a veces nos resulta indistinta cuando opera sobre otros y nos alarma o angustia cuando son propias. Estar confinados en nuestras casas nada tiene que ver con los sufrimientos del encarcelamiento, pero sí al menos nos iguala — posiblemente por única vez y momentáneamente — en la angustiante y apesumbrada experiencia de no saber cuándo saldremos. Sin embargo, también hay distintas formas de transitar las incertidumbres y allí se interponen una multiplicidad de variables — clase, genero, etc. Así, mientras hoy un joven muere en el techo de una prisión bonaerense reclamando su carácter de humanidad, muchos de nosotros/as nos refugiamos en la fría pantalla del ordenador o la televisión.
Lo que marca también que hasta la incertidumbre es el reflejo del conjunto de las desigualdades que nos atraviesan como sociedad, y que durante tiempos de pandemia no hace más que exacerbarse aquello que sucedía y que, lamentablemente, seguirá sucediendo cuando todo esto pase. Será entonces el tiempo de seguir fortaleciendo aquellos proyectos colectivos que en la cárcel, y a pesar de ella, nos permiten pensar en la construcción de otros horizontes posibles, más allá y a pesar de la pandemia.
[Las imágenes pertenecen a El Feriante | Documental Transmedia]
